El Gobierno impulsa nuevas medidas para proteger la democracia y a quienes participan en el debate público
El Consejo de Ministros ha dado luz verde, en primera vuelta, al Anteproyecto de Ley y al Anteproyecto de Ley Orgánica destinados a incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2024/1069, conocida popularmente como Directiva anti-SLAPP. Esta iniciativa busca reforzar la protección de periodistas, activistas y otros actores involucrados en el debate público frente a demandas judiciales consideradas abusivas o manifiestamente infundadas.
- El Gobierno impulsa nuevas medidas para proteger la democracia y a quienes participan en el debate público
- Una respuesta al contexto político y judicial
- Herramientas contra las demandas abusivas
- Modificación de leyes clave
- Debate político y críticas a la instrucción judicial
- Balance y perspectivas del Plan de Acción por la Democracia
Una respuesta al contexto político y judicial
La aprobación de estas medidas se enmarca dentro del Plan de Acción por la Democracia, ideado por el Gobierno de Pedro Sánchez tras la imputación de Begoña Gómez, esposa del presidente, y los días de reflexión que siguieron en la primavera de 2024. El plan fue presentado oficialmente en septiembre de ese año y, según ha informado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ya cuenta con un 87% de desarrollo, con 27 de sus 31 acciones aprobadas o en fase avanzada de tramitación.
De las 27 medidas en marcha, diez ya se han implementado y el resto ha registrado avances significativos, según detalló Bolaños en rueda de prensa desde Moncloa.
Herramientas contra las demandas abusivas
El nuevo marco legislativo proporciona a los jueces la capacidad de desestimar de forma temprana aquellas demandas que carezcan de fundamento. Además, permite que terceros, como asociaciones o sindicatos, respalden a los demandados y establece la posibilidad de exigir al demandante una garantía para cubrir costes procesales en caso de condena.
- Desestimación temprana de demandas infundadas
- Apoyo de asociaciones y sindicatos al demandado
- Exigencia de garantías económicas al demandante
La normativa también incluye “medidas correctivas” frente a acciones abusivas, como la condena en costas sin el límite legal habitual, indemnizaciones por daños y perjuicios, multas disuasorias y la publicación de la resolución judicial en medios de comunicación.
Modificación de leyes clave
El desarrollo legislativo se articula a través de dos proyectos: una ley ordinaria, que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, y una ley orgánica que introduce cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
Debate político y críticas a la instrucción judicial
La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros estuvo marcada por las críticas al reciente auto del juez Juan Carlos Peinado, encargado de la instrucción contra Begoña Gómez. Tanto Félix Bolaños como la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, manifestaron su desacuerdo con el proceder del magistrado.
Bolaños defendió el derecho a la libertad de expresión para valorar resoluciones judiciales, en respuesta a las críticas de algunas asociaciones jurídicas. Por su parte, Puente planteó una reflexión sobre el uso de los procedimientos judiciales: “¿Estamos ante causas judiciales que tratan de eliminar espacios de impunidad o ante causas que pretenden violentar a los representantes elegidos democráticamente? De la respuesta depende el presente y futuro de la democracia”.
Elma Saiz reafirmó su confianza en la inocencia de Begoña Gómez y expresó que algunas partes del auto son “inéditas” y “van más allá de lo jurídico”. Subrayó que respetar la justicia no es incompatible con criticar ciertos aspectos de su funcionamiento.
Balance y perspectivas del Plan de Acción por la Democracia
La aprobación de estos anteproyectos representa un paso importante en el compromiso del Gobierno de fortalecer la democracia y blindar la participación en el debate público frente a intentos de coacción mediante el uso indebido de los tribunales. El avance de este plan, que ya roza su culminación, marca una hoja de ruta clara para la protección de derechos fundamentales en el contexto político y social español.
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