El decreto de vivienda se estanca en Moncloa pese a la presión de Sumar para su aprobación inmediata
Las negociaciones en torno al macrodecreto de vivienda continúan en punto muerto dentro del Gobierno, a pesar de la creciente presión de Sumar para que la medida llegue cuanto antes al Consejo de Ministros. El texto, anunciado a mediados de año como una de las grandes apuestas del Ejecutivo, integra la prórroga de contratos de alquiler, la regulación del alquiler de temporada y nuevas medidas fiscales, pero su tramitación se ha visto empañada por retrasos y desacuerdos internos.
Un proceso marcado por el estancamiento
Desde Sumar insisten en que la negociación depende directamente del Ministerio de Vivienda, encabezado por Isabel Rodríguez, quien, según fuentes del partido, ha estado ausente desde el pasado mes de julio. El descontento crece dentro de la formación, que reclama que no existen avances sustanciales desde el inicio del verano.
Por su parte, fuentes de Moncloa reconocen que la principal preocupación en estos momentos es asegurar el respaldo parlamentario necesario para aprobar el decreto. “De momento, no tenemos los votos”, admiten, aunque aseguran que las conversaciones continúan “con intensidad” para intentar desbloquear la situación.
El macrodecreto: contenidos y promesas
El macrodecreto de vivienda reúne varias de las demandas históricas de las formaciones progresistas del Gobierno. Entre sus principales puntos se encuentran:
- Prórroga de contratos de alquiler, medida clave para Sumar y que afecta a un millón de personas en España, muchas de ellas obligadas a recurrir a alquileres temporales o de habitaciones por falta de alternativas.
- Regulación de los alquileres de temporada y pisos turísticos, con el objetivo de frenar la especulación y facilitar el acceso a vivienda asequible.
- Incremento del IVA a los pisos turísticos para desincentivar su proliferación.
- Incentivos fiscales para propietarios que mantengan sus alquileres y medidas para agilizar trámites administrativos.
Antes del receso estival, el Ministerio de Vivienda ya había anunciado un primer aplazamiento en la aprobación del decreto, justificando la decisión por la petición de varios grupos parlamentarios de más tiempo para aportar enmiendas al borrador. Sin embargo, tras más de un mes desde el fin de las vacaciones, la falta de avances alimenta el temor a un nuevo retraso.
Tensiones internas y exigencias en la negociación
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha sido una de las voces más críticas ante la demora, haciendo hincapié en la urgencia de la medida y recordando que son más de un millón las personas que dependen de una solución inmediata. Sumar insiste en que las negociaciones no deben extenderse más allá del mes de septiembre.
El borrador del decreto ha generado críticas especialmente entre los socios parlamentarios más exigentes del Gobierno. Por un lado, Podemos rechaza frontalmente la inclusión de la reforma de la ley del suelo, promovida por el PSOE a instancias del PNV, y la considera una “línea roja” por facilitar, según el partido, operaciones urbanísticas especulativas. Desde Podemos denuncian también la falta de contacto con el Gobierno desde antes del verano.
Por otro lado, Junts ha mostrado su desacuerdo con lo que percibe como una “sobreregulación” del sector, criticando los topes de precios y el intervencionismo estatal. Su propuesta pasa por incentivar la oferta de vivienda a través de la movilización de suelo, la promoción de obra nueva y nuevas rebajas fiscales en alquiler, hipotecas y cuentas de ahorro para jóvenes. A pesar de estas diferencias, Junts se mantiene en la mesa de negociación, aunque ha elevado sus exigencias, incluyendo la transferencia de competencias migratorias a Catalunya como condición para su apoyo.
Antecedentes y obstáculos parlamentarios
La dificultad para conseguir apoyo parlamentario ha sido una constante en la tramitación del decreto. En una votación crucial hace más de cuatro meses, la propuesta de prorrogar automáticamente más de un millón de contratos de alquiler fue rechazada en el Congreso, con 177 votos en contra y 166 a favor. Este revés supuso un duro golpe para Sumar, que había logrado incluir la medida tras intensas negociaciones y episodios de tensión dentro del propio Ejecutivo.
El proceso para regular el alquiler de temporada y de habitaciones ha sido igualmente complicado. La iniciativa, impulsada por el Sindicato de Inquilinas y apoyada por la izquierda parlamentaria, lleva dos años de tramitación. Tras ser rechazada por Junts en septiembre pasado, la propuesta fue retomada por Esquerra Republicana, logrando finalmente avanzar hasta la Comisión de Vivienda, donde sigue a la espera de dictamen. Sumar busca ahora desbloquear la situación mediante el nuevo macrodecreto.
Perspectivas y próximos pasos
El avance del macrodecreto de vivienda depende, por tanto, de la capacidad del Gobierno para cerrar un acuerdo con sus socios parlamentarios antes de que finalice septiembre. La falta de consenso interno y el complejo equilibrio de fuerzas en el Congreso mantienen la propuesta en vilo, en un contexto de urgencia social por la situación de millones de personas que esperan una solución efectiva al problema de la vivienda en España.
Nota:
Los contenidos publicados en este sitio han sido generados y/o reelaborados mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.
elpuebloinforma.com declina toda responsabilidad, directa o indirecta, por eventuales errores, inexactitudes, omisiones u otras irregularidades presentes en los textos.
El usuario reconoce que dichos contenidos tienen exclusivamente fines informativos y no pueden sustituir en ningún caso fuentes oficiales ni asesoramientos profesionales.
