El DAO niega ante el juez Pedraz haber presionado a la UCO en el ‘caso Leire’
El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, negó este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz haber ejercido presión sobre los mandos del cuerpo para interferir en investigaciones que afectasen a miembros del Gobierno o del PSOE. Así lo han comunicado fuentes jurídicas tras la comparecencia de Llamas, en el marco de la instrucción del denominado ‘caso Leire’.
Negación de las acusaciones y contexto de la comparecencia
Durante su declaración, que se prolongó por dos horas y media, Llamas rechazó haber ordenado a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) “ponerse de perfil” en la investigación que involucra a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, desmintiendo así las afirmaciones previas del exjefe de la UCO, Rafael Yuste. Yuste, en una declaración realizada el pasado 27 de mayo, había asegurado que recibió instrucciones para interferir en investigaciones sensibles para el Ejecutivo.
El interrogatorio, conducido por las fiscales del caso, se extendió durante una hora y media, lo que llevó al magistrado Pedraz a posponer para el viernes el interrogatorio previsto a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, también imputada en la causa.
Investigación sobre presiones en la Guardia Civil
El ‘caso Leire’ investiga una supuesta trama destinada a entorpecer o desestabilizar investigaciones que pudieran afectar al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez. Tanto el juez Pedraz como la Fiscalía atribuyen a González y a Llamas posibles delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, tras los indicios presentados por la UCO en sus informes.
Según estos informes, existen pruebas que apuntan a presuntas maniobras para desacreditar la labor de la UCO y ejercer presiones indebidas sobre sus investigadores. La Fiscalía destaca, en particular, la apertura de tres informaciones reservadas a la UCO por supuestas filtraciones, todas ellas relacionadas con la Presidencia del Gobierno o sus familiares, y abiertas por orden del DAO o, en su caso, de Mercedes González.
Expedientes y filtraciones de datos personales
Uno de los expedientes que investiga la Audiencia Nacional se originó tras el acceso y difusión de la dirección de correo electrónico de Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, en el marco de la causa relacionada con el hermano del jefe del Ejecutivo. Llamas explicó ante el juez que, antes de abrir la nota informativa correspondiente, solicitó explicaciones al jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo, por la filtración y posterior publicación de esos datos en un medio de comunicación.
Poco después de la apertura del expediente, Llamas recibió una llamada del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien también pidió explicaciones por el colapso del correo electrónico de Gómez tras la publicación de su dirección, que fue objeto de numerosos mensajes injuriosos y calumniosos.
Defensa de la UCO y relaciones internas
Durante su intervención, Llamas defendió la labor y profesionalidad de la UCO, aunque reconoció que su relación con el anterior responsable de la unidad, Rafael Yuste, no era buena. Cabe recordar que Yuste fue sustituido tras su ascenso por el coronel Pedro Merino.
Reuniones investigadas y declaraciones adicionales
La instrucción también recoge la existencia de varias comunicaciones y reuniones entre Mercedes González y una exmilitante socialista. Según la investigación, se han acreditado tres encuentros entre ambas, dos en los últimos meses de 2024 y uno en abril de 2025. González reconoció los encuentros durante su comparecencia en el Senado, aunque afirmó que se trataron de reuniones informales para tratar asuntos sin relevancia.
En relación con estos hechos, Llamas informó al juez que la propia González le comunicó el 5 de mayo de 2025 que conocía a la exmilitante en cuestión.
Próximos pasos en la investigación
Con la comparecencia de Llamas y la próxima declaración de Mercedes González, la Audiencia Nacional continuará profundizando en las presuntas irregularidades dentro de la Guardia Civil y su posible impacto en investigaciones sensibles para el Gobierno. Se prevé que las pesquisas se centren en aclarar si existieron instrucciones directas para obstaculizar la labor investigadora de la UCO en casos que afectan al entorno del presidente Sánchez.
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