El Tribunal Constitucional analizará la ausencia de presupuestos del Gobierno durante tres años
El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad admitir a trámite el conflicto de atribuciones presentado por el Senado contra el Gobierno de Pedro Sánchez, debido a la ausencia de presentación de los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a los años 2024, 2025 y 2026.
Esta resolución, adoptada a partir de la propuesta de la magistrada progresista Laura Díez, marca un hecho sin precedentes, ya que es la primera vez que el alto tribunal estudiará la decisión del Ejecutivo de no someter al Parlamento los proyectos de ley de presupuestos durante tres ejercicios consecutivos.
Un conflicto institucional por la prórroga presupuestaria
El origen del conflicto se remonta a diciembre, cuando el Senado, a iniciativa del grupo popular —mayoritario en la Cámara Alta—, volvió a elevar al Tribunal Constitucional un nuevo conflicto de atribuciones. El motivo principal fue la falta de remisión al Congreso del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, una obligación constitucional del Ejecutivo.
Según fuentes jurídicas, la corte de garantías estudiará el presunto incumplimiento del Gobierno respecto al deber constitucional de presentar los proyectos de ley presupuestaria para los años 2024, 2025 y 2026, así como el uso continuado de la prórroga presupuestaria sin la aprobación de nuevas cuentas públicas.
Argumentos del Senado y base constitucional
El conflicto se fundamenta en la convicción del Senado de que la falta de presentación del proyecto de presupuestos, junto con el uso reiterado de la prórroga, podría constituir una vulneración de diversos artículos de la Constitución Española.
- El Senado sostiene que el Gobierno ha incumplido la obligación anual de elaborar y presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, tal como establecen los artículos 134.1 y 134.3 de la Carta Magna.
- Se denuncia un “abuso indefinido de la prórroga presupuestaria”, lo que, a juicio de la Cámara Alta, afecta al equilibrio de poderes y a la función de control parlamentario sobre el Ejecutivo.
La iniciativa del Senado se formalizó tras la decisión adoptada por el pleno de la Cámara Alta el pasado 22 de octubre, cuando se acordó enviar un requerimiento al Gobierno instándole a cumplir con la presentación del proyecto presupuestario, paso previo a la apertura del conflicto ante el Tribunal Constitucional.
Un proceso inédito en la democracia española
La admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional supone la apertura de un proceso inédito en la historia democrática reciente de España. En los próximos meses, el alto tribunal deberá analizar si la actuación del Ejecutivo se ajusta a la normativa constitucional o si, por el contrario, vulnera los principios fundamentales de elaboración y aprobación anual del presupuesto estatal.
El resultado de este análisis podría marcar un precedente relevante en la relación institucional entre el Gobierno y el Parlamento, así como en la interpretación de los mecanismos de control sobre la gestión financiera del Estado.
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