El Consejo Gestor de la SEPI queda fuera del foco en la investigación del rescate a Plus Ultra
El órgano colegiado creado en el seno de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para gestionar los rescates empresariales ha quedado exento de responsabilidad en el denominado ‘caso Plus Ultra’, tras determinarse que carecía de capacidad decisoria sobre la concesión del préstamo a la aerolínea. Tanto la investigación judicial inicial como la actual instrucción en la Audiencia Nacional han descartado su implicación directa en la aprobación de la ayuda pública.
Investigación judicial inicial y archivo del caso
Durante casi dos años, el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (FASEE) fue objeto de investigación judicial en Madrid, tras una denuncia presentada por Manos Limpias y a la que se sumaron formaciones políticas como PP y Vox. La jueza Esperanza Collazos abrió diligencias contra el entonces presidente en funciones de la SEPI, Bartolomé Lora, y el resto de integrantes del Consejo por presuntos delitos de malversación, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y obtención indebida de subvenciones.
Sin embargo, el 5 de enero de 2023, la jueza archivó el caso, al no encontrar indicios delictivos en la actuación de la SEPI respecto al préstamo de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra durante la pandemia. En su resolución, la magistrada dejó claro que el Consejo Gestor no tenía capacidad de decisión sobre la ayuda, limitándose a elevar propuestas al Consejo de Ministros, que era el órgano encargado de autorizar las operaciones.
Composición y funciones del Consejo Gestor
El Consejo Gestor del FASEE se constituyó para resolver solicitudes de ayuda temporal a empresas no financieras afectadas por la crisis sanitaria, siguiendo el procedimiento normativo vigente. Entre sus miembros figuraban altos cargos de la administración, como el presidente en funciones de la SEPI, la secretaria de Estado de Economía, la subsecretaria de Hacienda, el secretario general de Industria y la secretaria de Estado de Energía.
- Bartolomé Lora, presidente en funciones de la SEPI
- Ana de la Cueva Fernández, secretaria de Estado de Economía
- Pilar Paneque Sosa, subsecretaria de Hacienda
- Raúl Blanco Díaz, secretario general de Industria y de la Pyme
- Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energía
La Audiencia Nacional y las menciones al Consejo Gestor
La investigación que actualmente lleva la Audiencia Nacional, bajo la dirección del juez José Luis Calama, se centra en el posible uso de información privilegiada y tráfico de influencias en torno al rescate de Plus Ultra. En este contexto, las referencias al Consejo Gestor en los sumarios judiciales sirven para contextualizar conversaciones entre los implicados, pero no le atribuyen responsabilidad directa en la filtración de información o en la concesión de la ayuda.
Según los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), existen intercambios de mensajes entre empresarios y directivos de Plus Ultra en los que se anticipaba la obtención de la ayuda antes de la reunión formal del Consejo Gestor, lo que refuerza la hipótesis de acceso anticipado a información relevante. No obstante, las pruebas recabadas vinculan estos hechos a contactos fuera del propio Consejo.
Procedimiento administrativo y garantías en la concesión
Desde el Gobierno se insiste en que la concesión del préstamo a Plus Ultra cumplió todos los requisitos legales y técnicos exigidos por la normativa. La tramitación incluyó la participación de los servicios técnicos de la SEPI, asesores externos y representantes de la propia compañía. El Ejecutivo defiende que es habitual que las empresas interesadas conozcan el estado de sus expedientes de ayuda durante la tramitación administrativa.
La resolución favorable a Plus Ultra fue avalada por cinco informes técnicos independientes, que confirmaron el cumplimiento de los requisitos, incluido el de no encontrarse en situación de crisis en 2019. Una vez verificados todos los extremos, el Consejo Gestor elevó la propuesta al Consejo de Ministros, que finalmente autorizó la operación el 9 de marzo de 2021.
Conclusiones y desvinculación del órgano gestor
Las distintas investigaciones judiciales han coincidido en desvincular al Consejo Gestor de la SEPI de cualquier responsabilidad penal en la concesión de la ayuda a Plus Ultra. Las pesquisas han puesto el foco en la posible existencia de filtraciones de información y otras irregularidades, pero no han hallado pruebas concluyentes que impliquen al órgano colegiado encargado de tramitar las propuestas de rescate empresarial.
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