El Congreso aprueba la ley que reconoce a los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad
El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979, que otorga a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias el estatus legal de agentes de la autoridad. Esta modificación legislativa, solicitada durante años por los sindicatos del sector, ha sido posible gracias a un acuerdo entre el PSOE y el PP, y ahora se remite al Senado para continuar su tramitación parlamentaria.
Un respaldo mayoritario con algunas excepciones
La iniciativa ha contado con el apoyo mayoritario del Parlamento, aunque ha registrado el voto en contra de formaciones como ERC, Bildu, Podemos y dos diputados de Sumar (representantes de Más Madrid y Més per Mallorca). Además, Compromís ha optado por la abstención, al igual que otros diputados del grupo mixto.
Principales novedades de la reforma
- Reconocimiento como agentes de la autoridad: Los funcionarios de prisiones pasan a contar oficialmente con esta consideración legal, lo que les otorga una mayor protección jurídica en el ejercicio de sus funciones.
- Presunción de veracidad: Sus declaraciones tendrán valor probatorio preferente en los procedimientos judiciales relacionados con su trabajo.
- Indemnizaciones por daños: Se establece el derecho a recibir compensaciones por daños personales o materiales sufridos durante el desempeño de sus labores.
- Formación obligatoria: El texto contempla la obligatoriedad de recibir formación teórica y práctica específica para el personal penitenciario.
- Garantías de seguridad: Se refuerzan las medidas de seguridad para los funcionarios, en línea con otras figuras del personal laboral público.
Consenso político y reivindicación sindical
Tanto el PSOE como el PP han manifestado su satisfacción por el acuerdo alcanzado, destacando que se da respuesta a una demanda histórica de los trabajadores penitenciarios. El texto final, que también ha contado con el respaldo del PNV, recoge las principales reivindicaciones de los sindicatos del sector, orientadas a mejorar la protección y condiciones laborales de los empleados de Instituciones Penitenciarias.
Una vez superado este trámite en el Congreso, la reforma continuará su curso en el Senado, donde se espera que reciba el visto bueno definitivo antes de su entrada en vigor.
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