El Congreso vuelve a rechazar la tramitación de la ley de Sumar que prohíbe la compra de viviendas por empresas con fines especulativos
El Congreso de los Diputados ha vuelto a bloquear, por segunda vez en menos de un año, la tramitación de una proposición de ley impulsada por Sumar que buscaba impedir que las personas jurídicas adquirieran viviendas residenciales con propósitos especulativos. La propuesta fue rechazada de nuevo por la mayoría formada por el Partido Popular (PP), Vox y Junts, que ya habían votado en contra cuando la iniciativa se debatió por primera vez en noviembre de 2025.
Propuesta para reformar la ley de vivienda
La proposición de ley pretendía modificar la Ley de Vivienda de 2023, limitando la transmisión de la propiedad de viviendas exclusivamente a personas físicas. Se contemplaban algunas excepciones a esta restricción, como agentes económicos y sociales, entidades sin ánimo de lucro, organizaciones religiosas y ONG dedicadas al desarrollo.
El impulsor de la medida, Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, volvió a registrar la propuesta en enero de este año, después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara una medida similar en Estados Unidos. Durante el debate parlamentario, Ibáñez planteó la iniciativa como una “segunda oportunidad para proteger a las familias de los fondos buitre que elevan el precio de la vivienda”. Además, apeló directamente a los 350 diputados de la cámara para que respaldaran la propuesta, recordando que la situación del acceso a la vivienda lleva 49 trimestres consecutivos empeorando.
Resultados de la votación y argumentos en contra
El resultado de la votación fue prácticamente idéntico al del primer intento: 44 votos a favor (Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG), 175 en contra (PP, Vox y Junts) y 127 abstenciones (PSOE y PNV). El principal argumento de los grupos opositores se centró en los posibles efectos negativos de la medida sobre el mercado inmobiliario y sobre su viabilidad legal.
- Maribel Vaquero, portavoz del PNV, cuestionó la adecuación jurídica de la propuesta y advirtió que podría reducir la oferta de vivienda disponible, sugiriendo que, en todo caso, este tipo de medidas deberían ser “quirúrgicas, excepcionales y limitadas en el tiempo y en cada territorio”.
- Marta Madrenas, representante de Junts, calificó la iniciativa de “ocurrencia” y criticó su técnica legislativa. Argumentó que la propuesta no impediría la compra de viviendas por parte de fondos de inversión extranjeros y puso como ejemplo que una persona física, como el presidente del Real Madrid, podría adquirir numerosas viviendas sin restricciones.
- Desde el PP, Miguel Ángel Sánchez subrayó la debilidad jurídica de la propuesta y la enmarcó dentro de las “recetas fallidas” de Sumar, señalando que el acceso a la vivienda ha pasado de ser una preocupación menor en 2018 a convertirse en el principal problema para los españoles.
- Por su parte, Carlos Hernández Quero, diputado de Vox, tildó la propuesta de “chapuza legislativa” y responsabilizó a Sumar de la situación actual del mercado inmobiliario.
Apoyos y críticas desde la izquierda
La iniciativa contó con el respaldo de ERC, Bildu, Podemos y BNG, quienes ya la habían apoyado en el debate de noviembre de 2025. No obstante, estos grupos consideraron que la medida era insuficiente y criticaron el “trato de favor” a la Iglesia católica incluido en las excepciones.
Contexto y perspectivas
El debate sobre la especulación inmobiliaria y la intervención del mercado sigue generando divisiones profundas en el Congreso. Mientras que algunos partidos defienden la necesidad de limitar la actividad de fondos de inversión y grandes empresas en el sector residencial, otros advierten del riesgo de restringir la oferta de vivienda y de los posibles problemas legales que supondría una medida de este tipo.
Por el momento, la propuesta de Sumar queda nuevamente descartada, reflejando la dificultad de alcanzar consensos en torno a la regulación del acceso a la vivienda en España.
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