El Congreso autoriza la investigación penal al diputado Félix Alonso por presunta prevaricación
El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles por unanimidad el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para proceder penalmente contra Félix Alonso, diputado de Sumar En Comú Podem. Alonso es investigado por un presunto delito de prevaricación relacionado con supuestas adjudicaciones irregulares durante su etapa como alcalde de Altafulla, en la provincia de Tarragona.
Origen de la investigación
La actuación parlamentaria responde a la petición formal realizada el pasado mes de julio por el magistrado del Tribunal Supremo, Vicente Magro. El objetivo era obtener la autorización necesaria para investigar a Alonso, amparado actualmente por la inmunidad parlamentaria que otorga su condición de diputado.
La investigación se centra en la gestión contractual del Ayuntamiento de Altafulla entre los años 2011 y 2019, periodo en el que Félix Alonso ejerció como alcalde. Según la documentación remitida por el Supremo, el consistorio firmó contratos con las empresas Milá Advocats SLP y Sinergia Dret i Medi Ambient SLP sin ajustarse, presuntamente, a la normativa de contratación pública vigente.
Uso indebido de contratos menores
En su resolución, el magistrado Vicente Magro argumenta que existió un uso reiterado e inadecuado de la figura del contrato menor, un procedimiento pensado para casos puntuales y de menor cuantía. Sin embargo, el Supremo considera que estos contratos sirvieron para satisfacer necesidades recurrentes del consistorio, eludiendo los controles y procedimientos legales establecidos para la contratación pública.
El juez destaca en su escrito que existen suficientes indicios para considerar provisionalmente a Félix Alonso como posible responsable de un delito de prevaricación, al entender que las actuaciones detectadas podrían haber vulnerado los principios de legalidad y transparencia en la administración municipal.
Próximos pasos en el proceso judicial
La autorización del Congreso supone un paso imprescindible para que la investigación penal continúe su curso. Con la aprobación del suplicatorio, el Tribunal Supremo podrá citar a declarar a Alonso e investigar en profundidad los hechos que se le imputan. El proceso determinará si existen responsabilidades penales por parte del diputado en relación a los contratos firmados durante su mandato como alcalde.
- El suplicatorio ha sido aprobado por unanimidad en el pleno del Congreso.
- Los hechos investigados se remontan a contrataciones municipales entre 2011 y 2019.
- El procedimiento ahora queda en manos del Tribunal Supremo, que continuará con la instrucción del caso.
El desarrollo de esta investigación es seguido de cerca tanto en el ámbito político como en el judicial, dada la relevancia institucional del diputado involucrado y la naturaleza de los hechos investigados.
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