El Congreso impulsa la reducción de ratios en las aulas tras rechazar los vetos de PNV y Junts
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la tramitación de una nueva ley educativa que propone disminuir el número de estudiantes por aula, reducir la jornada laboral del profesorado y mejorar las condiciones laborales en los centros educativos. Esta iniciativa, fruto de la negociación con los sindicatos, avanza tras el rechazo a las enmiendas a la totalidad presentadas por PNV y Junts, que consideraban que el proyecto invade competencias autonómicas.
Amplio respaldo parlamentario a la tramitación
La cámara baja ha rechazado los vetos de PNV y Junts con 329 votos en contra —emitidos por PP, PSOE, Vox, Sumar, ERC, BNG, Compromís y UPN—, frente a 11 votos a favor y 7 abstenciones, entre las que se encuentran EH Bildu y Coalición Canaria. De este modo, el proyecto legislativo continuará su recorrido parlamentario, y la mayoría de los grupos ya han anunciado su intención de presentar enmiendas parciales para perfeccionar el texto.
Principales medidas de la nueva ley educativa
La ministra de Educación, Milagros Tolón, ha destacado durante el debate que la ley supone una mejora concreta y equitativa del sistema educativo. Entre las medidas más relevantes se encuentran:
- Reducción del máximo de horas lectivas semanales a 23 para el profesorado de infantil, primaria y educación especial, y a 18 para el resto de enseñanzas.
- Disminución del número máximo de alumnos por aula a 22 en educación primaria y a 25 en secundaria.
- Consideración de cada alumno con necesidades educativas especiales como dos plazas a efectos de ratio.
Tolón ha subrayado que el desarrollo del texto ha contado con la negociación sindical, la consulta a las comunidades autónomas y el respaldo de informes de otros ministerios y órganos consultivos. Asimismo, ha invitado a los grupos parlamentarios a colaborar en la mejora de la ley durante su tramitación.
Debate sobre competencias autonómicas
Tanto PNV como Junts han manifestado su desacuerdo con el procedimiento, a pesar de compartir el objetivo de mejorar las condiciones del profesorado. El diputado Joseba Andoni Agirretxea (PNV) ha criticado que la reforma se haya planteado «desde Madrid» y sin un diálogo entre iguales con las comunidades con modelos educativos propios, como el vasco. Por su parte, Josep Maria Cervera (Junts) ha considerado que la ley excede las competencias estatales y altera el modelo territorial.
Apuestas y críticas desde el resto de grupos
El Partido Popular ha justificado su rechazo a las enmiendas a la totalidad por responsabilidad, defendiendo que devolver la ley sería «una irresponsabilidad» y que es necesario asegurar la aplicación real y homogénea de las medidas propuestas.
Vox, en voz de Joaquín Robles, ha expresado su disposición a participar en la tramitación y enmienda del texto, aunque no apoya el proyecto tal y como está redactado.
Otros grupos, como Esquerra Republicana, han criticado que la ley estatal imponga obligaciones y deje a las comunidades autónomas la responsabilidad de implementarlas, aunque consideran que existe una demanda real y que la tramitación no debe ser bloqueada.
Desde Sumar, Juan Antonio Valero ha defendido la necesidad de que el Estado garantice un suelo de derechos y unos estándares de calidad esenciales para asegurar la equidad educativa, apostando por la mejora del proyecto durante el proceso parlamentario.
El PSOE ha puesto en valor el diálogo y consenso que han acompañado la elaboración de la norma, además de recalcar el reconocimiento al profesorado y la diversidad del alumnado que conlleva esta ley.
EH Bildu, a través de Marije Fullaondo, ha advertido que vigilarán para que no se invadan competencias autonómicas, defendiendo que la ley debe establecer únicamente las bases para que cada autonomía adapte la normativa a su realidad.
En una línea similar, el BNG ha apoyado la tramitación considerando que la propuesta supone una mejora, aunque estima que la reducción de ratios podría ser más ambiciosa.
Por último, Ione Belarra (Podemos) ha pedido al Gobierno que no decepcione a la ciudadanía y ha señalado que la movilización de la comunidad educativa es clave para lograr avances reales en la educación pública.
Próximos pasos
El proyecto de ley inicia ahora su fase de enmiendas parciales en el Congreso, donde se espera un intenso debate para incorporar mejoras y ajustar la normativa a las distintas sensibilidades y realidades autonómicas. La reducción de ratios y la mejora de las condiciones laborales del profesorado se mantienen como ejes centrales de la reforma educativa que continúa su camino parlamentario.
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