El Congreso convalida la prórroga del descuento a los carburantes y la condonación de anticipos a afectados por la DANA
La Diputación Permanente del Congreso ha aprobado este viernes la convalidación del tercer paquete de medidas extraordinarias para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Oriente Medio, con especial énfasis en la prórroga de los descuentos a los carburantes. El real decreto ley fue respaldado por 62 votos a favor, seis en contra y una abstención.
Medidas frente a la crisis energética global
Durante la defensa del texto, el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, subrayó que el objetivo principal de estas medidas es “proteger a los hogares y sectores económicos más afectados por el alza de los precios energéticos” originados por la guerra en Irán. Además, enfatizó la importancia de “reforzar la soberanía energética” de España a medio y largo plazo.
Cuerpo detalló que la norma da continuidad a la respuesta gubernamental frente al impacto de una guerra iniciada el 20 de marzo, en un contexto internacional de alta volatilidad que ha generado tensiones en los mercados y un incremento notable en los precios de materias primas energéticas.
Condonación de anticipos para afectados por la DANA
La Diputación también dio luz verde, por amplia mayoría (61 votos a favor, siete en contra y una abstención), al decreto ley que permite condonar las ayudas recibidas como anticipo por las personas afectadas por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en la Comunidad Valenciana durante 2024, siempre que cumplan ciertos requisitos de renta y patrimonio.
El Consejo de Ministros había aprobado esta medida en septiembre, tras la puesta en marcha de un mecanismo desde el Ministerio del Interior para facilitar anticipos a familias que sufrieron daños en viviendas y enseres. Las condiciones para acceder a la condonación establecen que la renta no debe superar los 42.000 euros, según la declaración de la renta de 2025, y el patrimonio debe estar por debajo de 300.000 euros, excluyendo la vivienda habitual.
Debate político en torno a las medidas
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, destacó que la iniciativa, que supondrá un coste de 44,3 millones de euros, responde a una “situación de necesidad social” derivada de la DANA. Bolaños argumentó que exigir la devolución inmediata de las ayudas, sin considerar la capacidad económica de los beneficiarios, no sería “actuar con espíritu reparador”.
En representación del Partido Popular, Macarena Montesinos denunció la “persecución inhumana” contra el expresidente valenciano Carlos Mazón, al tiempo que reclamó una “reconstrucción nacional” liderada por su partido.
Por parte del PSOE, Carmen Martínez defendió la actuación del Gobierno, subrayando la importancia de tomar decisiones responsables que eviten que miles de familias tengan que devolver ayudas recibidas para paliar los efectos de la DANA.
Desde Vox, María José Rodríguez criticó la utilización del decreto como “herramienta de campaña” y cuestionó la falta de transparencia respecto al número de beneficiarios que deberían devolver la ayuda y el importe total.
El PNV, a través de Maribel Vaquero, apoyó la medida por aportar “certidumbre y una solución razonable” a las personas afectadas. Ione Belarra, del Grupo Mixto, consideró que, aunque la medida introduce mejoras, las ayudas para la reconstrucción han sido “insuficientes y, en muchos casos, tardías”.
La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, también mostró su respaldo, enfatizando que las consecuencias económicas y sociales de la tragedia continúan afectando a numerosas familias valencianas. Por el contrario, Josep Maria Cruset (Junts per Catalunya) acusó al Gobierno de “fracaso y mentira” en su gestión.
Gabriel Rufián (ERC) calificó de insuficientes las ayudas y recordó a las víctimas, responsabilizando al entonces presidente Carlos Mazón y su administración por no actuar a tiempo. Alberto Ibáñez, de Compromís, reconoció que la medida “repara una injusticia”, pero lamentó que las ayudas han llegado “tarde y mal”.
Un paso más en la respuesta a crisis económicas y sociales
La convalidación de estos decretos supone un nuevo esfuerzo legislativo para hacer frente tanto a las consecuencias económicas derivadas de la inestabilidad internacional como a los efectos de fenómenos meteorológicos extremos en España. El debate parlamentario evidenció profundas diferencias políticas, pero también la necesidad de articular respuestas que protejan a los sectores más vulnerables de la sociedad.
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