El “caso residencias” se estanca en Madrid: falta de investigación y causas que prescriben
Dos años después de la presentación de la denuncia colectiva por parte de familiares de víctimas en residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia, el avance judicial del conocido como “caso residencias” sigue prácticamente paralizado. Los afectados denuncian la inacción judicial, la dispersión de los procedimientos y el riesgo creciente de que los hechos prescriban sin ser investigados a fondo.
Balance crítico de las familias tras dos años de denuncia
El 10 de octubre se cumplieron dos años desde que 109 familiares de residentes fallecidos presentaron una denuncia colectiva señalando a antiguos altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por presunta denegación discriminatoria del acceso a la sanidad, conforme al artículo 511 del Código Penal. Sin embargo, la investigación judicial ha avanzado poco, y las familias han expuesto públicamente las dificultades encontradas en la Justicia madrileña.
La denuncia fue fragmentada por la fiscalía en 109 diligencias, una por cada denunciante, en lugar de tratarse como una macrocausa. Los familiares critican esta decisión, ya que los hechos y los responsables eran los mismos, lo que ha derivado en la dispersión de las actuaciones y en un “laberinto” judicial que, hasta el momento, no ha ofrecido respuestas.
Dispersión y parálisis judicial: datos del proceso
De los 109 denunciantes iniciales, diez optaron por no continuar en los tribunales, mientras que otros 19 familiares presentaron querellas individuales, sumando un total de 118 personas implicadas judicialmente. Sin embargo, el número de procedimientos no coincide con el de denunciantes, ya que algunos casos agrupan a varias familias.
- 39 procedimientos permanecen en juzgados de primera instancia.
- 18 están pendientes de apelación en la Audiencia Provincial de Madrid.
- 14 han llegado hasta el Tribunal Constitucional.
- 1 está en plazo de recurso de amparo.
- 10 han sido archivados.
- 3 se encuentran en situación desconocida para los abogados de las asociaciones de familiares.
La dispersión de expedientes ha dificultado el seguimiento de las causas. Algunos familiares han pasado meses sin saber en qué juzgado se encontraba su caso, debido a traslados, devoluciones o inhibiciones entre órganos judiciales.
Prescripción y negativa a reabrir causas
El paso del tiempo es una preocupación central para las familias. Algunos procedimientos ya han sido archivados por prescripción, pese a que los denunciantes advirtieron de la urgencia desde el inicio. El 8 de octubre, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó un archivo por prescripción acordado previamente por un juzgado de instrucción.
En marzo de 2025, la Fiscalía Provincial de Madrid solicitó la reapertura de 37 procedimientos, pero según las familias, al menos 25 juzgados rechazaron hacerlo sin valorar nuevas pruebas. Nueve casos fueron inadmitidos o devueltos. De los 37 procedimientos, solo uno ha iniciado diligencias de investigación efectivas.
Conflictos de competencia y resoluciones contradictorias
Un factor añadido a la parálisis es la disputa judicial sobre la centralización de los casos. Cerca de 30 juzgados se inhibieron a favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, al considerar que debía asumir la investigación. Sin embargo, este juzgado declinó asumir todas las causas, generando conflictos de competencia. Mientras una sección de la Audiencia Provincial respaldó no unificar los procedimientos, otra consideró que debían acumularse, lo que ha dado lugar a resoluciones opuestas y a la parálisis de la investigación.
Testimonios de las asociaciones de víctimas
Carmen López, portavoz de la asociación Marea de Residencias, subraya el sufrimiento de las familias tras años de “maltrato institucional” e inacción. Afirma que muchos querellantes han quedado fuera del proceso, con procedimientos archivados o en el Tribunal Constitucional, y recuerda a quienes han fallecido sin conocer el resultado de la investigación. López insiste en que, después de seis años, solo existen instrucciones preliminares y no se han esclarecido los hechos.
María Jesús Valero, portavoz de la asociación 7.291: Verdad y Justicia, denuncia que los derechos de las víctimas y sus familias han quedado abandonados. Valero destaca la importancia de las declaraciones judiciales de los excargos investigados, quienes han reconocido la existencia de protocolos y la discriminación en el acceso a la medicalización de las residencias. Critica que ningún juez haya solicitado el Plan de Choque contra la COVID-19 y recuerda que, según las declaraciones, dicho plan nunca fue implementado pese a ser solicitado por el gobierno regional.
Perspectivas de futuro
Las familias mantienen la esperanza de una resolución favorable en los próximos meses, aunque reconocen el desgaste de años de lucha judicial. El hecho de que algunos delitos prescriban dentro de diez años es visto como una “balsa de esperanza”, pero insisten en la necesidad de que la justicia actúe con mayor diligencia y coordinación.
Mientras tanto, el “caso residencias” sigue estancado, con muchas familias aún a la espera de que se depuren responsabilidades y se esclarezcan los hechos ocurridos durante la primera ola de la pandemia en las residencias madrileñas.
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