La macrocausa del caso Innova llega a juicio tras 15 años del escándalo de corrupción en Reus
Quince años después de que se destapara uno de los mayores escándalos de corrupción sanitaria en Catalunya, la macrocausa del caso Innova inicia su fase judicial. El juicio, que comienza este lunes en la Audiencia de Tarragona, pone bajo la lupa la gestión del conglomerado de empresas municipales de Reus y las presuntas irregularidades cometidas durante la etapa del tripartito liderado por el exalcalde Lluís Miquel Pérez (PSC).
Un entramado empresarial bajo sospecha
El epicentro del caso es Innova, un holding municipal creado en 2002 por el Ayuntamiento de Reus con el objetivo de coordinar los servicios sanitarios, hospitalarios, funerarios, tecnológicos y empresariales de la ciudad bajo una misma estructura. Con el paso del tiempo, Innova se expandió hasta convertirse en una red compleja de sociedades y subcontratas, cuya gestión ha sido objeto de numerosas investigaciones por presuntos pagos irregulares, contrataciones directas y tratos de favor.
El Hospital Universitario Sant Joan de Reus, detonante de la investigación
La construcción del nuevo Hospital Universitario Sant Joan de Reus, con una superficie de 74.000 metros cuadrados y un presupuesto inicial de 140 millones de euros, fue el elemento clave que motivó el inicio de las pesquisas. En 2007, el consistorio, entonces gobernado por PSC, ERC e ICV, decidió apostar por un hospital mucho más grande que el existente y delegó la obra en Innova, con figuras como Josep Prat (expresidente del Institut Català de la Salut) y Carles Manté (exdirector del CatSalut) al frente.
Para financiar el proyecto, Innova transfirió la deuda al Ayuntamiento de Reus, lo que obligó al consistorio a asumir pagos anuales de hasta siete millones de euros en concepto de alquiler, destinados a cubrir los créditos solicitados. La magnitud de la obra y el endeudamiento asociado fueron factores determinantes que suscitaron dudas sobre la transparencia de la operación.
Denuncias y revelaciones: el inicio del escándalo
El caso salió a la luz en 2011, cuando la CUP, tras lograr representación en el pleno municipal, denunció ante la Fiscalía a Josep Prat por compatibilizar cargos públicos con el de vicepresidente en un grupo sanitario privado. Aunque Prat dimitió, la investigación ya estaba en marcha y comenzaron a conocerse más detalles, como su salario en Innova, que alcanzaba los 280.000 euros anuales.
Posteriormente, se descubrió que Innova había desembolsado más de 700.000 euros a Carles Manté, sucesor de Prat en el Servei Català de la Salut, en concepto de supuestos trabajos de consultoría entre 2007 y 2011. Estos pagos procedían de los fondos del Hospital Sant Joan de Reus, financiados a su vez por el CatSalut.
Implicados y proceso judicial
A medida que avanzaba la investigación, fueron saliendo a la luz más nombres relacionados con distintas formaciones políticas. La Fiscalía solicita penas de entre 7 y 10 años de prisión para los ocho acusados principales, en un proceso que investiga el pago de facturas por un valor superior al millón de euros al arquitecto Jorge Batesteza y a Carles Manté.
Según la acusación, tras abandonar sus cargos a finales de 2006, Batesteza y Manté, junto con el entonces alcalde Lluís Miquel Pérez y otra persona todavía no identificada del Departament de Salut, habrían acordado ser contratados como asesores para el desarrollo del hospital por parte de Innova.
- Josep Prat
- Jorge Batesteza
- Carles Manté
- Lluís Miquel Pérez
- Ester Ventura
- Natàlia Torrell
A estas personas se suman Ester Ventura y Natàlia Torrell, empleadas del área económica del holding municipal, quienes también se sentarán en el banquillo de los acusados. Según informaciones del Diari de Tarragona, se estarían negociando posibles acuerdos de conformidad entre las partes.
Calendario del juicio y perspectivas
El proceso judicial arranca con la exposición de las cuestiones previas y prevé la declaración de testigos e investigados a partir del 26 de mayo. El juicio está programado para extenderse durante 17 sesiones, hasta el 30 de junio. Al concluir las vistas, se estima que la sentencia podría tardar aún varios meses en conocerse.
El caso Innova no solo representa uno de los mayores escándalos de corrupción de la administración local catalana, sino que también pone en cuestión los mecanismos de control y transparencia en la gestión de servicios públicos a través de empresas municipales.
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