Los vacíos del ‘caso ático’ de Ayuso: sin expediente de compra y una «necesidad» que se desvanece en días
El proceso de adquisición y posterior arrendamiento del ático situado en el Paseo del General Martínez Campos, vinculado a la Comunidad de Madrid y gestionado por la empresa pública Planifica Madrid, presenta importantes lagunas documentales y argumentativas. Según ha reconocido la propia empresa, no existe ningún informe previo que justifique la compra del inmueble ni expediente administrativo que avale la necesidad de dicha operación, lo que ha suscitado nuevas dudas sobre la transparencia y legalidad del procedimiento.
Adquisición sin respaldo documental
El 14 de abril de 2026, Planifica Madrid incorporó a su cartera patrimonial un ático valorado en 6,3 millones de euros, ubicado frente a la residencia de la madre de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, la empresa reconoce que no dispone de informes que justifiquen la compra, ni documentación oficial que explique la orden de adquisición. Los únicos documentos previos a la compra son el acuerdo de confidencialidad con la inmobiliaria, un certificado de tasación realizado diez días después del acuerdo, un contrato de arras penitenciales y la escritura de compraventa firmada por el consejero delegado de Planifica Madrid, Pedro Corbalán Ruiz.
Esta ausencia de expediente administrativo resulta especialmente relevante, dado que Planifica Madrid, aunque se rige por el Derecho Privado, pertenece al sector público al estar participada por la Comunidad de Madrid. Así, está sujeta a determinadas normativas sobre contratación pública y a la obligación de actuar conforme al interés general, como establece la Constitución Española.
Normativa aplicable y procedimiento atípico
La Ley 3/2001 de Patrimonio de la Comunidad de Madrid excluye de su ámbito a las sociedades mercantiles autonómicas, lo que permitió a Planifica Madrid adquirir el inmueble mediante compra directa, sin necesidad de concurso público. No obstante, expertos en Derecho administrativo insisten en que, pese a esta exención, las empresas públicas deben justificar documentalmente el interés público de sus operaciones, algo que no se ha hecho en este caso.
Arrendamiento fugaz y argumentos cambiantes
El 2 de julio de 2026, casi tres meses después de la adquisición, la Comunidad de Madrid elaboró una memoria en la que argumentaba la «necesidad» de arrendar el ático a Planifica Madrid como vivienda institucional. El contrato de alquiler se firmó el 27 de julio, con una duración prevista de diez años y una renta mensual de 3.000 euros.
Sin embargo, la situación cambió drásticamente apenas tres días después, cuando la prensa hizo pública la compra del ático. El 30 de julio, el Gobierno regional comunicó que la «necesidad» que había motivado el arrendamiento había desaparecido y solicitó rescindir el contrato, algo que se formalizó el 15 de septiembre.
- 27 de julio: Se firma el contrato de alquiler.
- 29 de julio: Se publica la compra del ático en medios de comunicación.
- 30 de julio: El Gobierno de Ayuso comunica la desaparición de la necesidad de arrendamiento.
- 15 de septiembre: Se formaliza la rescisión del contrato.
Justificaciones oficiales y contradicciones
En las primeras explicaciones públicas, Isabel Díaz Ayuso negó que el ático fuera una residencia oficial para su uso personal, asegurando que se destinaría a reuniones institucionales o como espacio temporal durante supuestas obras en la sede del Gobierno regional. Sin embargo, los documentos internos hablan desde el inicio de un inmueble de carácter residencial para uso de las autoridades autonómicas, lo que contradice el discurso oficial tras destaparse el caso.
El Ejecutivo regional ha evitado responder a las preguntas sobre los motivos concretos que llevaron a cancelar el arrendamiento solo tres días después de su firma. Planifica Madrid, por su parte, sostiene que toda la documentación relevante ya ha sido publicada.
Interrogantes sin resolver
La falta de un expediente de compra y de un informe que justifique la necesidad de adquirir el inmueble plantea serias dudas sobre la transparencia y legalidad de la operación. Un experto en Derecho administrativo consultado señala que la justificación de la necesidad de arrendamiento en julio no puede explicar la adquisición realizada meses antes, por lo que aún no está claro por qué y para qué se compró el ático originalmente.
El caso continúa generando debate público y preguntas sin respuesta, mientras la presidenta Ayuso se ha limitado a declarar: «No quiero saber nada de esta historia».
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