El alcalde de Puertollano y dos concejales citados a declarar por presunto acoso laboral
El Tribunal de Instancia de Puertollano, en la provincia de Ciudad Real, ha citado a declarar al alcalde de la localidad, Miguel Ángel Ruiz, junto a los concejales de Urbanismo y Deportes, en el marco de una investigación por presunto acoso laboral. La comparecencia ante el juez está prevista para el próximo 25 de noviembre.
Origen de la denuncia
La causa judicial se inició tras la denuncia presentada por la jefa del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Puertollano. La funcionaria alega haber sido víctima de una “grave persecución” en su entorno laboral, lo que la llevó a interponer la correspondiente acción penal contra los tres responsables municipales.
Durante el último año, la denunciante también recurrió lo que consideró una suspensión “desproporcionada” de sus funciones, tras la apertura de un expediente disciplinario. Además, presentó una demanda penal por acoso laboral, argumentando que las medidas tomadas en su contra carecían de fundamento y respondían a una persecución personal.
Resolución administrativa previa
En marzo de este año, la Junta de Gobierno Local resolvió el expediente disciplinario abierto a la funcionaria con un simple apercibimiento, al no haberse acreditado los hechos que se le atribuían. Esta decisión obligó al Ayuntamiento a restituirle el salario correspondiente a los seis meses en los que estuvo apartada de su puesto de trabajo.
Posición de los responsables municipales
El alcalde Miguel Ángel Ruiz ha negado en todo momento que existiera acoso hacia la funcionaria, defendiendo que la actuación del Ayuntamiento responde a los procedimientos de control y exigencia habituales en la Administración pública. Tanto él como los concejales implicados han manifestado su inocencia, subrayando que los desacuerdos surgieron en un contexto de tensión propio de la gestión diaria y no constituyen, bajo su punto de vista, un caso de hostigamiento laboral.
Próximos pasos en el proceso judicial
La citación a declarar supone un avance en la investigación judicial sobre los hechos denunciados. El juez deberá determinar, a partir de las declaraciones y pruebas aportadas, si existen indicios suficientes para continuar con la instrucción o proceder al archivo de la causa.
- La declaración de las partes está fijada para el 25 de noviembre.
- La funcionaria permaneció seis meses suspendida de empleo, periodo por el que ya ha sido compensada.
- El Ayuntamiento argumenta que actuó conforme a la normativa administrativa.
El caso ha generado expectación en el municipio, donde se espera que la justicia esclarezca los hechos y determine las posibles responsabilidades.
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