Indicios de malversación y prevaricación en la construcción del centro comercial de Melilla
La Brigada Provincial de Policía Judicial, a través de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Melilla, ha detectado indicios de presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la edificación del centro comercial de la ciudad, valorados en aproximadamente siete u ocho millones de euros.
Investigación en el marco del ‘caso Santiago-Rusadir’
El informe elaborado por la UDEF, adelantado por El País y al que tuvo acceso la agencia EFE, ha sido remitido al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción número 2 de Melilla. Esta actuación se enmarca en el caso conocido como Santiago-Rusadir, que inicialmente investigaba una supuesta compra de votos por correo en las elecciones municipales de 2023. A raíz de los nuevos hallazgos, el tribunal ha ordenado la apertura de una nueva línea de investigación sobre posibles delitos económicos.
Documentos intervenidos y origen de la sospecha
Según un auto judicial fechado el 7 de mayo, durante un registro realizado en marzo de 2024 en el domicilio de un empresario local, se halló un documento manuscrito, sellado y foliado bajo el nombre de “Operación Valenzuela”. Este documento, de autoría aún desconocida, recoge un esquema sobre la adquisición de terrenos al Ministerio de Defensa, localizados en la Carretera Cuartel de Valenzuela, donde hoy se ubica el centro comercial Parque Murias, inaugurado en noviembre de 2017.
La investigación policial subraya que tanto este manuscrito como la información aportada por una fuente confidencial constituyen indicios claros de prevaricación, malversación de fondos públicos y otros posibles delitos, independientes de los hechos iniciales investigados en el caso Santiago-Rusadir.
Presunto fraude en la adjudicación y destino de fondos
La fuente confidencial aportó datos sobre un posible fraude en la construcción del centro comercial. Según el informe, los terrenos cedidos por el Ministerio de Defensa a la Ciudad Autónoma habrían sido posteriormente subastados tras una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Melilla (PGOU). Esta modificación habría favorecido a las tres empresas que participaron en la licitación, permitiendo que fueran las únicas adjudicatarias del proyecto.
El objetivo, según la investigación, habría sido obtener un considerable beneficio económico, eludiendo el pago de impuestos locales. El valor del dinero presuntamente defraudado se sitúa entre siete y ocho millones de euros, que podrían haber sido transferidos a cuentas bancarias en Gibraltar, presuntamente a nombre de los implicados en el proyecto y de cargos políticos que habrían facilitado la omisión de obligaciones tributarias.
Respuesta del Gobierno de Melilla
El Ejecutivo melillense, liderado por el Partido Popular, ha desmentido enérgicamente las conclusiones del informe policial. En un comunicado oficial, la administración asegura que el contenido del informe “no se corresponde con la realidad administrativa ni con los hechos efectivamente acontecidos”, y afirma que carece de rigor técnico y jurídico. Además, sostiene que la información no habría sido contrastada con los órganos administrativos responsables, los cuales tramitaron los expedientes “con absoluta corrección” y conforme a los informes técnicos y jurídicos pertinentes.
El Gobierno local remarca que la Ciudad Autónoma notificó a la Fiscalía los casos de locales comerciales que no cumplieron con sus obligaciones fiscales respecto al IPSI, actuando siempre “con diligencia, transparencia y en defensa del interés público”.
Asimismo, el Ejecutivo ha anunciado la intención de emprender acciones legales contra quienes hayan elaborado, filtrado o difundido este tipo de informaciones, así como contra aquellos que atribuyan o reproduzcan acusaciones delictivas sin fundamento, por atentar contra el honor y la reputación de la administración y su personal.
Exigencias de explicaciones y reacción política
La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha reclamado explicaciones inmediatas al presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, respecto al informe de la UDEF. Moh ha recordado que el PSOE ya expresó en su día dudas acerca de la actuación urbanística relacionada con la construcción del centro comercial y ha subrayado el derecho de la ciudadanía a conocer el destino de terrenos que el Ministerio de Defensa había cedido para fines de interés social.
“Estamos hablando de suelo destinado a vivienda y equipamientos públicos que terminó formando parte de una operación privada. Los melillenses merecen saber por qué se tomó esa decisión y quién la impulsó”, ha señalado la delegada del Gobierno.
Conclusión
El desarrollo del centro comercial de Melilla está siendo objeto de un intenso escrutinio judicial y político tras la aparición de nuevos indicios que apuntan a posibles irregularidades administrativas y fiscales. El desenlace de la investigación determinará si se confirman las sospechas de prevaricación y malversación, o si, como asegura el Gobierno local, se trata de acusaciones infundadas.
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