Denuncian al director de una residencia en Madrid por la expulsión de una mujer con alzhéimer tras alertas sobre deficiencias
La familia de una residente de 84 años con alzhéimer, junto con la plataforma Pladefma para la Defensa de los Mayores, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra el director de la residencia Bouco Carabanchel. El centro, anteriormente conocido como Orpea y actualmente gestionado por el grupo Emeis, es señalado por haber ordenado la expulsión de la mujer tras las quejas realizadas por su hijo sobre las condiciones del establecimiento.
Acusaciones de represalias tras denuncias públicas
Según la denuncia, los hechos podrían constituir un presunto delito de coacciones. La familia sostiene que la decisión de expulsar a la residente fue una represalia directa por haber hecho públicas diversas deficiencias detectadas en la residencia. El hijo de la mujer denuncia que, en el transcurso de un año y medio, su madre sufrió cinco incidentes graves durante su estancia, entre los que se incluyen dos traumatismos craneoencefálicos, dos fracturas consecutivas en el mismo brazo, una herida en una ceja y numerosos hematomas. La denuncia presentada a la Fiscalía incluye informes hospitalarios y fotos que documentan estas lesiones.
Notificación de expulsión tras advertencias
El deterioro de la situación llevó al hijo de la residente a distribuir una nota informativa entre otros familiares de residentes el 24 de marzo, después de comunicar previamente su intención a la dirección del centro. Sin embargo, apenas un día después, recibió un burofax notificando la expulsión definitiva de su madre y otorgándole un plazo de 15 días para abandonar la residencia.
Familia y plataforma exigen la aplicación de la Ley 12/2022
La familia recuerda que la Ley 12/2022 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid solo contempla la expulsión de una persona usuaria en casos de infracciones muy graves. Según sostienen los denunciantes, en este caso no concurrían las circunstancias necesarias para justificar la expulsión. Consideran que la medida tuvo como objeto principal disuadir a otras familias de formular quejas o reclamaciones.
- Solicitan a la Fiscalía que investigue si los hechos constituyen un delito de coacciones.
- Reclaman la apertura de un expediente sancionador y la adopción de medidas cautelares para evitar represalias.
- Anuncian que exigirán a la Comunidad de Madrid la aplicación estricta de la normativa autonómica y, de comprobarse la vulneración de la ley, instan a valorar la inhabilitación del director del centro.
Reacción del centro y situación actual
La repercusión mediática del caso y la intervención de las autoridades autonómicas provocaron que la orden de expulsión quedara finalmente sin efecto. Sin embargo, la familia insiste en que el daño ya estaba hecho y subraya la necesidad de proteger los derechos de los residentes y de sus familiares.
Hasta el momento, la dirección de la residencia Bouco Carabanchel no ha respondido a las solicitudes de información sobre los motivos de la expulsión, los protocolos de seguridad y la gestión de reclamaciones. Tampoco ha emitido ninguna valoración respecto a las acusaciones de represalias formuladas por la familia.
Contexto legal y social
Este caso pone de relieve la importancia de la correcta aplicación de la legislación vigente en materia de servicios sociales y la necesidad de garantizar la protección de los derechos de las personas mayores en residencias. La familia y la plataforma Pladefma han reiterado su compromiso de seguir adelante con las acciones legales y administrativas necesarias para asegurar que situaciones similares no se repitan en el futuro.
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