Mur se desvincula de las primeras versiones de los ‘protocolos de la vergüenza’ en la investigación sobre la discriminación sanitaria en residencias
Carlos Mur, exdirector general de Coordinación Sociosanitaria del Servicio Madrileño de Salud durante la pandemia de COVID-19, ha comparecido este viernes por primera vez como investigado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Getafe. Su declaración, realizada por videoconferencia desde Andorra, se enmarca en una denuncia colectiva presentada por 109 familias, coordinada por las asociaciones Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia, que acusan a responsables sanitarios de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria durante la crisis de 2020.
- Mur se desvincula de las primeras versiones de los ‘protocolos de la vergüenza’ en la investigación sobre la discriminación sanitaria en residencias
- Reconocimiento parcial y distanciamiento sobre los protocolos
- Avances en la instrucción judicial
- Próximos pasos y expectativas de las familias
- La historia de una familia afectada
- Conclusión
Reconocimiento parcial y distanciamiento sobre los protocolos
En su intervención, Mur ha reiterado que no fue el autor de las primeras versiones de los llamados ‘protocolos de la vergüenza’, documentos que establecieron criterios para la derivación de pacientes desde residencias de mayores a hospitales durante los momentos más críticos de la pandemia. El exalto cargo ha atribuido la redacción de estos protocolos a la doctora María Teresa Vidán, aunque sí ha reconocido que los firmó, les otorgó validez oficial y los remitió a los diferentes dispositivos sanitarios.
Mur ha manifestado que no estaba de acuerdo con las versiones fechadas el 18, 20 y 24 de marzo de 2020, pero admitió que no dejó constancia escrita de su desacuerdo y, pese a ello, procedió a su firma y difusión. Según la defensa, el protocolo que sí consideraba adecuado fue el aprobado el 25 de marzo, del que afirmó compartir plenamente el contenido.
Avances en la instrucción judicial
La declaración de Mur se ha producido en el marco de una investigación centrada en la residencia Los Ángeles, donde una de las residentes, Petra Gadea, falleció tras no ser derivada a un hospital pese a la solicitud de su familia. En la misma causa han comparecido también la directora en funciones del centro y el jefe de bomberos que intervino en la evaluación de los espacios durante la emergencia sanitaria. No obstante, según ha explicado el abogado de las familias, Carlos Castillo, sus testimonios han aportado pocos elementos relevantes debido a que el juez ha limitado el alcance de las preguntas al caso concreto de la residencia y la víctima.
- Entre enero y el 12 de marzo de 2020 se registraron 33 traslados hospitalarios desde la residencia Los Ángeles al Hospital de Getafe.
- Desde el 12 de marzo hasta finales de ese mes solo se produjeron tres traslados, una cifra que se mantuvo durante todo abril.
- En ese mismo periodo fallecieron más de 50 residentes en el centro.
La investigación judicial se ha ampliado también a un posible delito de prevaricación, a petición del PSOE, como acusación popular. Según ha detallado Castillo, las preguntas en este aspecto se han centrado en la forma de elaboración y distribución de los protocolos, aunque la declaración de Mur no ha aportado novedades significativas respecto a versiones previas: ha insistido en que firmaba los documentos sin redactarlos y que recibía críticas de parte de profesionales sanitarios antes de proceder a su difusión.
Próximos pasos y expectativas de las familias
El proceso continuará en los próximos días con nuevas declaraciones, entre ellas la de una exsubdirectora del centro citada para el lunes 20 de abril, así como la de la médica señalada como autora de los protocolos. El abogado de la acusación ha señalado que se seguirán practicando pruebas para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Las familias de las víctimas y sus representantes legales mantienen la atención en la Audiencia Provincial de Madrid, que debe decidir en breve si unifica en una macrocausa las distintas investigaciones abiertas por discriminación sanitaria en residencias durante la pandemia. El tribunal deliberó este jueves y se espera una resolución en los próximos días.
«Seguimos pidiendo verdad, justicia y reparación», han reclamado los familiares, quienes insisten en la necesidad de esclarecer los hechos y depurar responsabilidades para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
La historia de una familia afectada
Maite Rodríguez, hija de Petra Gadea, es la querellante en el procedimiento de Getafe. Tras el contagio de su madre por COVID-19 en abril de 2020, solicitó su traslado a un hospital, pero la familia recibió como respuesta que los protocolos impedían dicha derivación. Seis días después, Petra falleció. El testimonio de Maite fue difundido en medios de comunicación y posteriormente fue objeto de ataques y descalificaciones públicas.
Rodríguez ha subrayado la importancia de la justicia y la verdad, y ha expresado la esperanza de que los procesos judiciales en marcha sirvan para que los responsables asuman su papel en los hechos investigados: «Como sociedad, no podemos permitir que algo así vuelva a suceder», afirmó.
Conclusión
El caso de los protocolos en residencias de Madrid durante la pandemia sigue siendo objeto de análisis judicial y social. El avance de las investigaciones y las próximas decisiones judiciales serán determinantes para establecer si existió discriminación en la atención sanitaria y para depurar posibles responsabilidades políticas y administrativas.
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