Burgueño confirma que elaboró el Plan de Choque para residencias por orden de Ayuso y admite que no se ejecutó
Antonio Burgueño, exasesor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado este miércoles que confeccionó el denominado Plan de Choque para las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia, siguiendo instrucciones directas de la dirigente regional. Sin embargo, el propio Burgueño ha reconocido que dicho plan nunca llegó a ejecutarse, situando así la gestión de las residencias en el centro de la investigación judicial abierta sobre la respuesta ante la crisis sanitaria.
- Burgueño confirma que elaboró el Plan de Choque para residencias por orden de Ayuso y admite que no se ejecutó
- Investigación judicial por la gestión de la pandemia
- Suspensión de declaraciones y situación actual del caso
- El testimonio de Burgueño y su versión de los hechos
- Datos oficiales cuestionan la falta de personal sanitario
- Otros investigados y contexto judicial
- Perspectivas sobre la gestión y el futuro del modelo residencial
Investigación judicial por la gestión de la pandemia
Burgueño compareció como investigado ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, en una causa que analiza posibles delitos de homicidio imprudente y denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria durante la emergencia de la COVID-19 en Madrid. Junto a otros ex altos cargos del Ejecutivo regional, se le investiga por la gestión de las residencias en las semanas más críticas de la pandemia.
A diferencia de otras querellas colectivas presentadas por asociaciones de familiares, el caso de Collado Villalba parte de la denuncia individual de José Manuel Parceiro, abogado y familiar de una de las víctimas fallecidas en el centro Sanitas Torrelodones. Parceiro acudió a los tribunales tras la muerte de su padre durante la primera ola del virus.
Suspensión de declaraciones y situación actual del caso
Según detallaron ante los medios José Manuel Parceiro y la abogada de las familias, Alejandra Jacinto, la suspensión de las declaraciones de los ex altos cargos del Gobierno madrileño responde a problemas de notificación vinculados a cambios en el personal del juzgado. Las comparecencias ya habían sido anuladas en marzo, pero la resolución no fue comunicada adecuadamente a todas las partes implicadas.
La Fiscalía ha emitido un informe sobre el caso, pendiente todavía de traslado a las acusaciones, que permitirá determinar si la investigación continúa centrada en un posible delito de discriminación en la asistencia sanitaria o si, como se planteó inicialmente, se encuadra en una omisión del deber de socorro. Por el momento, el procedimiento permanece suspendido a la espera de nuevas actuaciones.
El testimonio de Burgueño y su versión de los hechos
Aunque Burgueño no llegó a declarar ante el juez, sí ofreció declaraciones a los medios a las puertas del juzgado. Defendió que la Comunidad de Madrid no fue responsable de la gestión inicial de la pandemia, atribuyendo dicha responsabilidad al Ministerio de Sanidad por ordenar el cierre de la región ante el aumento de contagios.
En relación con las residencias de mayores, Burgueño insistió en que la medicalización de estos centros no se llevó a cabo por la escasez de profesionales sanitarios disponibles en aquel momento. Argumentó que la situación evidenció la urgencia de revisar el modelo de atención a mayores y de reformar el sistema residencial y la ley de dependencia para garantizar una mejor atención.
Sin embargo, su versión presenta ciertas contradicciones. En un primer momento, sostuvo que la elaboración del Plan de Choque fue una simple petición de opinión, aunque minutos después reconoció que recibió la orden directa de Isabel Díaz Ayuso para su desarrollo.
Datos oficiales cuestionan la falta de personal sanitario
La afirmación de Burgueño sobre la ausencia de personal sanitario contrasta con los datos oficiales de la Consejería de Sanidad de Madrid. Durante la primera ola de la pandemia, de los 1.826 profesionales movilizados (entre médicos y enfermeras), la mayoría —1.421— fueron destinados al hospital de campaña de Ifema, donde se atendió a solo 23 residentes, la mayoría con síntomas leves. Otros 351 sanitarios se asignaron a hoteles medicalizados, que finalmente no acogieron a personas procedentes de residencias. Por el contrario, únicamente 54 profesionales fueron enviados a las 475 residencias de mayores de la región, en las que residían más de 48.000 personas.
- 1.421 profesionales sanitarios destinados a Ifema
- 351 profesionales asignados a hoteles medicalizados
- Solo 54 profesionales enviados a 475 residencias
- Más de 48.000 personas vivían en residencias en ese momento
Otros investigados y contexto judicial
En la misma jornada estaban citados también Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, señalados respectivamente como firmante y como uno de los responsables de los protocolos de no derivación médica, conocidos como los «protocolos de la vergüenza».
Perspectivas sobre la gestión y el futuro del modelo residencial
El caso reabre el debate sobre la gestión de la pandemia en las residencias madrileñas y la necesidad de reformas profundas en el sistema de atención a mayores. Las declaraciones y datos aportados en el marco judicial ponen de manifiesto la importancia de revisar la respuesta institucional y de garantizar mayor transparencia y coordinación entre administraciones para afrontar futuras crisis sanitarias.
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