Begoña Gómez acusa al juez Peinado de investigarla por ser «cónyuge del presidente del Gobierno»
La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que solicita que se anule la decisión del juez Juan Carlos Peinado de orientar su causa hacia un juicio con jurado popular. Gómez sostiene que la investigación judicial en su contra responde a su condición de cónyuge del jefe del Ejecutivo y denuncia falta de rigor en la fundamentación de la decisión.
Recurso contra la decisión del instructor
El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha pedido al tribunal superior que declare nulo el auto por el que Peinado desestimó un recurso previo de la defensa. Camacho argumenta que no existe relación entre el acceso de Sánchez a la Presidencia del Gobierno y los cambios en la actividad profesional de Gómez, quien ya estaba vinculada al ámbito de la consultoría y la docencia mucho antes de asumir la codirección de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.
Según la defensa, la única explicación posible para la investigación es la relación de Gómez con el presidente, lo que, a su juicio, evidencia un sesgo en el proceso. «La única conclusión que puede extraerse es que se la está investigando por ser cónyuge de Sánchez», señala el escrito presentado por Camacho.
Críticas a la falta de fundamentación
El recurso también pone en duda la conveniencia de someter el caso a un jurado popular, señalando la «falta de motivación» en la resolución del juez Peinado. La defensa advierte que, al tratarse de un asunto altamente mediático y expuesto a la opinión pública, existe el riesgo de que se vulnere el derecho a un juicio imparcial debido al llamado «juicio paralelo» generado por la cobertura mediática, las comisiones de investigación y la discusión en redes sociales.
La defensa de Gómez solicita, por tanto, que se acuerde la nulidad del auto impugnado, alegando la ausencia de un rigor suficiente en la fundamentación jurídica de la decisión.
Petición de suspensión del procedimiento
Begoña Gómez ha pedido esta semana al juez Peinado que paralice el proceso hasta que la Audiencia Provincial resuelva los recursos presentados. Esta solicitud llega después de que, en abril, el magistrado planteara la celebración de un juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Entre los investigados también figuran Cristina Álvarez, asesora en el Palacio de la Moncloa, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
Acusaciones y penas solicitadas
La acusación popular, encabezada por la organización Hazte Oír, ha solicitado la apertura de juicio oral y una pena de 24 años de prisión para Begoña Gómez, además de medidas cautelares como la prohibición de salir del país y la retirada del pasaporte, argumentando un «evidente riesgo de fuga».
- 24 años de prisión para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno
- 22 años de prisión para su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez
- 6 años de prisión para el empresario Juan Carlos Barrabés
Además de Hazte Oír, en la causa participan otras asociaciones y colectivos como Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa y el Movimiento de Regeneración Política de España, que actúan en calidad de acusaciones populares.
Contexto y repercusión mediática
El caso, de gran repercusión mediática y política, sigue su curso a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncie sobre los recursos presentados por la defensa de Gómez. Mientras tanto, el debate público sobre la imparcialidad del proceso y la influencia de la exposición mediática sigue vigente en la sociedad española.
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