El Gobierno de Ayuso mantiene el hermetismo sobre la compra del ático y su ubicación en Chamberí
El Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, continúa sin aclarar quién autorizó la adquisición del polémico ático en el distrito de Chamberí ni las razones por las que se eligió esa localización específica, justo frente al domicilio de la madre de la presidenta regional. Esta cuestión volvió a estar en el centro del debate político durante la comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la Comisión de Presidencia de la Asamblea de Madrid.
Persisten las incógnitas tras la comparecencia parlamentaria
García Martín reiteró que el ático situado en el paseo General Martínez Campos fue adquirido para atender las necesidades de la Comunidad de Madrid, con la función de espacio de trabajo, área de descanso y alojamiento ocasional, descartando que su uso fuera exclusivamente residencial. No obstante, evitó responder a las preguntas clave planteadas por los grupos parlamentarios sobre quién ordenó la operación y por qué se seleccionó exactamente ese inmueble.
Las formaciones de la oposición, PSOE y Más Madrid, pusieron en duda la transparencia del proceso y señalaron que la documentación publicada hasta la fecha no resuelve las dudas principales. Además, sugirieron que los expedientes hechos públicos podrían estar incompletos.
Discrepancias en los informes oficiales
El consejero defendió que los informes difundidos por el propio Gobierno regional demuestran, en su opinión, que las acusaciones sobre un supuesto uso personal del ático buscan dañar la imagen de Ayuso. Sin embargo, varios documentos oficiales contradicen parte de sus declaraciones. Por ejemplo, la Memoria de arrendamiento del inmueble institucional indica que la Comunidad de Madrid consideraba necesario disponer de un espacio de carácter residencial, combinado con zonas de trabajo y descanso, para alojar a autoridades en visitas oficiales.
A esto se suma un informe de la Abogacía del Estado, que cita el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) y subraya la diferencia entre residencia «ocasional» y «permanente». El documento aclara que el uso residencial implica alojamiento permanente, mientras que otro informe de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo recalca que el ático tiene una configuración física típica de vivienda.
Sin respuestas sobre la cadena de decisiones
Durante la sesión, García Martín insistió en que no existió un «encargo» formal a Planifica Madrid, la empresa pública responsable de la adquisición, insinuando que la decisión habría recaído en Pedro Corbalán, su director ejecutivo. A pesar de las insistentes preguntas de los diputados de Más Madrid y del PSOE, el consejero evitó desvelar quién fue el responsable último de la compra. Cabe señalar que el Partido Popular ha vetado la comparecencia de Corbalán en la Asamblea de Madrid, lo que limita el acceso a información clave sobre el proceso.
Reacciones y próximos pasos
La comparecencia de este lunes apenas aportó novedades sustanciales respecto a las explicaciones previas, aunque García Martín incluyó que el ático estaría al servicio de todas las consejerías del Gobierno madrileño durante las obras en la sede de la Puerta del Sol. No obstante, los grupos de la oposición consideran insuficientes las aclaraciones y mantienen abiertas las sospechas sobre la transparencia y legalidad de la operación.
- La Comunidad de Madrid sostiene que el inmueble no se destinó para uso personal de Ayuso.
- La documentación oficial muestra contradicciones sobre el carácter residencial del ático.
- La oposición reclama conocer quién dio la orden y por qué se eligió una ubicación frente al domicilio familiar de la presidenta.
- El PP ha impedido que comparezca el director de Planifica Madrid, dificultando el esclarecimiento de los hechos.
El asunto sigue generando controversia y se espera que próximamente se amplíe la información, a la espera de nuevas comparecencias o revelaciones documentales que permitan esclarecer el proceso de adquisición del inmueble.
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