El Gobierno de Ayuso adjudicó diez contratos directos a empresas vinculadas a Julio Martínez
Una investigación reciente ha revelado que la Comunidad de Madrid, bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso, otorgó durante 2023 y 2024 un total de diez contratos menores a dos empresas relacionadas con la red empresarial de Julio Martínez Martínez. Según la documentación obtenida, la cuantía global de estos contratos asciende a 170.387 euros y benefició a Matriz Sostenible SL y Mérida Capital SL, ambas radicadas en Petrer (Alicante), localidad natal de Martínez.
Contratos menores: adjudicación directa sin concurso público
Los contratos menores, por definición, permiten la adjudicación directa sin necesidad de concurso público siempre que no superen los 15.000 euros sin IVA en el caso de servicios o los 40.000 euros en el caso de obras. Esta modalidad implica también menores requisitos de publicidad y transparencia frente a los contratos ordinarios.
En el caso investigado, Matriz Sostenible SL y Mérida Capital SL recibieron estos encargos de forma directa por parte de las consejerías de Presidencia y de Economía, Hacienda y Empleo. Ambas empresas están dedicadas a la reforma y construcción, y figuran entre las 39 sociedades vinculadas a la red de Julio Martínez analizadas por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria.
Detalle de los contratos adjudicados
- Matriz Sostenible SL: Recibió dos contratos de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. El primero, de 48.383 euros, fue para acondicionar el Centro de Orientación para el Empleo (COE) en Getafe en septiembre de 2023. El segundo, de 14.779 euros, fue adjudicado un año después para la limpieza de placas en oficinas de empleo de Moratalaz, Madrid.
- Además, obtuvo siete contratos de la Consejería de Presidencia para diversas obras, reparaciones y limpieza de canalones en el edificio del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en Alcobendas, por un total de 58.854 euros entre marzo y noviembre de 2023.
- Mérida Capital SL: Obtuvo un contrato de 48.369 euros, IVA incluido, para la adecuación de la Oficina de Empleo de Rivas Vaciamadrid en febrero de 2023. Este contrato supuso prácticamente la totalidad de la facturación real de la empresa ese año, según la ONIF.
Irregularidades y movimientos financieros bajo sospecha
La ONIF apunta que, a pesar de que Mérida Capital SL solo ha tenido actividad real con la Comunidad de Madrid en los últimos cinco años, sus cuentas bancarias reflejan movimientos muy superiores a su facturación declarada. Entre 2020 y 2025, la empresa registró ingresos por 114.731 euros y pagos por 42.657 euros, pero con movimientos bancarios de 804.971 euros en entradas y 599.119 euros en salidas. Además, la firma posee tres inmuebles valorados en 272.864 euros.
Por su parte, Matriz Sostenible SL también presenta un volumen de movimientos bancarios (757.349 euros en ingresos y 638.068 en salidas) muy por encima de sus cifras de negocio, lo que ha generado sospechas entre los investigadores. Esta empresa es la segunda con mayor volumen de ingresos de la red de sociedades de Julio Martínez, solo superada por Análisis Relevante SL.
Contexto político y adjudicaciones a grandes empresas
El caso se enmarca en la investigación de la trama Plus Ultra, donde el juez José Luis Calama sitúa en la cúspide al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado recientemente haber vetado la participación de empresas vinculadas al caso en contratos relevantes, como uno de los lotes para la Línea 11 de Metro de Madrid. Sin embargo, su gobierno adjudicó otro lote de las obras de la Línea 1 a la UTE Valdecarros, formada por Aldesa Construcciones SA, Coalvi (filial de Aldesa) y la gallega Extraco, por un importe final de 19 millones de euros tras varias modificaciones y retrasos.
Conclusiones
La investigación de la ONIF y la documentación oficial ponen de manifiesto la concesión de contratos menores de forma reiterada a sociedades vinculadas a tramas empresariales bajo investigación judicial. El elevado volumen de movimientos financieros en comparación con la actividad real de las empresas adjudicatarias incrementa las sospechas sobre posibles irregularidades en la gestión de fondos públicos en la Comunidad de Madrid.
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