Argelia Queralt, voz del CGPJ: “No aceptamos imposiciones en la Justicia”

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Argelia Queralt, vocal progresista del CGPJ: “Nos negamos a que se nos impongan las decisiones”

La reciente reconfiguración interna del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reavivado el enfrentamiento entre los bloques conservador y progresista. Argelia Queralt Jiménez, doctora en Derecho, profesora de Derecho Constitucional en la Universitat de Barcelona y exletrada del Tribunal Constitucional, se ha convertido en una de las voces más representativas del sector progresista dentro del órgano de gobierno de los jueces.

Un nuevo reparto que profundiza la brecha interna

El pasado miércoles, el Pleno del CGPJ aprobó una renovación de la composición de sus comisiones internas que, según los vocales progresistas, refuerza el desequilibrio en favor del bloque conservador. La propuesta, impulsada por Carlos Hugo Preciado, vocal propuesto por Sumar, contó con el respaldo de los diez vocales conservadores y de la presidenta Isabel Perelló.

Ante este escenario, los nueve vocales progresistas denunciaron públicamente lo que consideran una “desproporción, desequilibrio y desprecio al pluralismo”. Según Queralt, este nuevo esquema otorga mayor peso a los conservadores y limita la capacidad de influencia del bloque progresista, pese a la teórica paridad inicial del Consejo, que en su origen contó con diez vocales de cada sector.

La importancia de las comisiones en el funcionamiento del Consejo

Para comprender la trascendencia de este cambio, Queralt explica que las comisiones son estructuras internas del CGPJ donde se toman decisiones clave sobre formación, selección de magistrados, cuestiones económicas, igualdad y otros temas esenciales para la judicatura. De su composición depende el equilibrio en la toma de decisiones estratégicas.

“Este año se ha roto el criterio de rotación y equilibrio pactado en 2024, que garantizaba una distribución consensuada de los vocales entre las diferentes comisiones”, señala Queralt. “Han decidido unilateralmente dónde estamos, en cuántas comisiones participamos y quiénes las presiden”.

El debate sobre la paridad y la representación femenina

La nueva distribución ha sido presentada por algunos sectores como un “hito histórico en paridad”, al incorporar un mayor número de mujeres en las comisiones. Sin embargo, Argelia Queralt cuestiona la legitimidad de este argumento: “Fuimos utilizadas. Se decidió por nosotras sin escuchar nuestras preferencias ni obstáculos, utilizando el feminismo como excusa para justificar una imposición”.

  • La mayoría de presidencias de comisiones lideradas por mujeres han recaído en vocales conservadoras.
  • Algunas vocales progresistas han sido asignadas a un número excesivo de comisiones, dificultando su labor.

“El feminismo hay que ejercerlo, no nombrarlo”, afirma Queralt, subrayando la necesidad de una participación real y consensuada.

La Comisión Permanente y la compleja aritmética interna

La nueva composición de la Comisión Permanente, órgano clave en el funcionamiento diario del CGPJ, ha suscitado debate sobre la supuesta mayoría progresista por la presencia de Isabel Perelló, presidenta considerada inicialmente afín a este bloque. Sin embargo, Queralt matiza: “No podemos contar automáticamente con esos votos. Tanto la presidenta como Carlos Hugo Preciado mantienen posiciones propias, y la mayoría de decisiones siguen adoptándose por el bloque conservador”.

Este año, el sector progresista contará con tres representantes en la Permanente, incluyendo por primera vez a una vocal del turno judicial, lo que aporta mayor diversidad y experiencia. No obstante, Queralt recuerda que la dinámica de votaciones sigue favoreciendo a la mayoría conservadora en asuntos clave.

¿Unidad de voto o pluralidad interna?

La crítica desde el entorno de Carlos Hugo Preciado apunta a la falta de pluralidad dentro del bloque progresista. Queralt defiende la diversidad y el debate, pero subraya que “el voto decisivo de Preciado suele alinearse con las posiciones de la derecha en las decisiones más relevantes”. Para la vocal, mantener la colegialidad y el consenso es imprescindible en un órgano de estas características.

Nombramientos en el Tribunal Supremo y el riesgo de bloqueo

La tensión interna podría trasladarse a la designación de seis magistrados pendientes en el Tribunal Supremo, un proceso que requiere negociación y consensos amplios. Queralt insiste en que los criterios deben basarse en el mérito, la capacidad, el equilibrio de sensibilidades y la representación de género, conforme a la normativa vigente desde 2024.

“La tendencia del bloque conservador es a imponer y vetar nombres, en vez de negociar. Nosotros, aunque seamos minoría, no vamos a aceptar imposiciones”, afirma la vocal progresista. Recuerda que los acuerdos sobre criterios de selección fueron fruto del consenso inicial y que respetar estos principios es fundamental para restaurar la confianza en el CGPJ.

¿Es posible recuperar la cogobernanza?

A pesar de las diferencias y rupturas, Queralt mantiene que el sector progresista nunca ha abandonado el espíritu de cogobernanza: “Siempre hemos actuado con lealtad institucional, cumpliendo nuestras responsabilidades y buscando puntos de encuentro”. Reconoce que existen visiones distintas sobre el papel del Consejo y el Poder Judicial, pero insiste en que el pluralismo y el respeto a las minorías son esenciales para el buen funcionamiento del órgano.

“El problema surge cuando se nos relega sistemáticamente y se pretende imponer un modelo excluyente. Nosotros defendemos un Poder Judicial eficaz, humano y comprometido con la tutela judicial efectiva. No se trata solo de defender la carrera judicial, sino de garantizar el mejor servicio público posible”, concluye Queralt.

Perspectivas de futuro

La nueva configuración interna del CGPJ plantea retos importantes para la gobernabilidad y la confianza en la institución. La experiencia de Argelia Queralt y su defensa de los principios de equilibrio, pluralidad y negociación subrayan la importancia de preservar el consenso y la transparencia en un órgano clave para el Estado de derecho en España.

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