El Gobierno andaluz destina 1,8 millones anuales a la financiación de 117 capellanes católicos en hospitales públicos
El Gobierno de Andalucía ha renovado recientemente el acuerdo con la Iglesia católica para garantizar la asistencia religiosa en los hospitales públicos gestionados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Según el nuevo convenio, la Junta destinará 1.849.676 euros al año al pago de salarios de 117 capellanes, de los cuales 34 tendrán jornada parcial. El acuerdo, con vigencia de cuatro años y posibilidad de prórroga, fue firmado por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, y los arzobispos de Sevilla y Granada.
- El Gobierno andaluz destina 1,8 millones anuales a la financiación de 117 capellanes católicos en hospitales públicos
- Incremento en la inversión y número de capellanes
- Base legal y desarrollo histórico
- Críticas desde el laicismo y demandas de cambio
- Disposiciones del nuevo convenio
- No existe relación laboral con el SAS
- Distribución de capellanes en los hospitales andaluces
- Acuerdos con otras confesiones religiosas
- Conclusiones
Incremento en la inversión y número de capellanes
El presupuesto destinado a este servicio religioso ha aumentado en comparación con años anteriores. En 2018, bajo el último Gobierno socialista en Andalucía, la cifra era de 1,4 millones de euros para 96 capellanes. Actualmente, la inversión asciende a 1,8 millones para un total de 117 sacerdotes, reflejando un incremento tanto en recursos como en personal.
El salario anual para los capellanes a tiempo completo se sitúa en 18.496,76 euros, mientras que los de jornada parcial perciben 9.248 euros. Los fondos se transfieren directamente a las provincias eclesiásticas de Andalucía, es decir, a los obispados.
Base legal y desarrollo histórico
La financiación pública de la asistencia religiosa en hospitales se sustenta en los acuerdos firmados entre el Estado español y el Vaticano. Estos acuerdos, aunque cuestionados por colectivos laicistas y algunos sectores jurídicos, han sido desarrollados a través de pactos posteriores con la Conferencia Episcopal en 1985. En Andalucía, esta práctica se formalizó en 1986 durante el Gobierno autonómico de José Rodríguez de la Borbolla, y desde entonces se ha mantenido la presencia y financiación de capellanes en los centros hospitalarios públicos.
Críticas desde el laicismo y demandas de cambio
La asociación Europa Laica y diversas voces del ámbito jurídico consideran que la financiación pública de estos servicios debería revisarse. Desde Europa Laica, su portavoz en Sevilla, Tomás Madueño, sostiene que la presencia de personal confesional remunerado en hospitales públicos vulnera el principio de aconfesionalidad del Estado y puede introducir sesgos doctrinales en la atención sanitaria. La organización defiende que la atención espiritual debe ser sufragada exclusivamente por las confesiones religiosas o sus fieles, no por fondos públicos.
- Derogación inmediata del convenio SAS-Obispos: Solicitan la rescisión urgente del acuerdo y la suspensión de la transferencia económica anual a las diócesis católicas.
- Reorientación del presupuesto: Proponen destinar íntegramente los fondos a reforzar la contratación de personal sanitario y la reducción de las listas de espera.
- Aconfesionalidad real de la red hospitalaria: Reclaman la salida del personal eclesiástico retribuido y que cualquier asistencia confesional se realice fuera de la estructura oficial y sin coste para la sanidad pública.
- Potenciación del soporte psicológico y social laico: Piden aumentar las plazas de psicología clínica y trabajo social para ofrecer un acompañamiento humano y científico a pacientes y familiares.
Disposiciones del nuevo convenio
El convenio establece que la asistencia religiosa católica se prestará a pacientes, familiares y personal hospitalario que lo solicite de manera libre y espontánea, siempre que las necesidades del servicio hospitalario lo permitan. Además, cada hospital del SAS contará con un servicio específico para la atención pastoral, que incluye visitas, acompañamiento durante la enfermedad, asesoramiento moral y celebración de actos de culto como misas y sacramentos.
La organización y contenidos de la asistencia religiosa quedarán bajo la autoridad exclusiva de los obispos, quienes designarán a los capellanes, aunque el gerente del hospital debe autorizar su presencia. En caso de faltas graves, cuya definición no se detalla, el SAS podrá cesar al capellán, tras escuchar a los obispos afectados.
El acceso de los capellanes a los hospitales será libre y sin restricción de horario, aunque no podrán interferir en la actividad asistencial. Además, en situaciones de urgencia, podrán utilizar plazas de aparcamiento reservadas habitualmente para los equipos médicos de guardia, facilitando así una rápida respuesta.
No existe relación laboral con el SAS
El acuerdo especifica que la labor de los capellanes no implica una relación contractual con el SAS, eximiendo a la administración sanitaria de cualquier responsabilidad derivada de la asistencia religiosa. Esta postura fue respaldada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en una sentencia de 2021, donde se determinó que la actividad pastoral es ajena a la administración sanitaria y corresponde únicamente a la autoridad eclesiástica.
Distribución de capellanes en los hospitales andaluces
El número mínimo de capellanes por hospital está vinculado al tamaño de cada centro, según el acuerdo de 1985. Los 117 capellanes de Andalucía prestarán servicio en 34 hospitales públicos. Los hospitales más grandes, como el Virgen del Rocío de Sevilla y el de Málaga, contarán con ocho y diez capellanes respectivamente, algunos de ellos a tiempo parcial.
Este modelo permanece vigente pese a que la sociedad española ha atravesado en las últimas décadas un proceso de secularización, con un aumento del ateísmo y el pluralismo religioso, desplazando la hegemonía del catolicismo tradicional.
Acuerdos con otras confesiones religiosas
Recientemente, la Junta de Andalucía también ha suscrito un protocolo con el Consejo Evangélico Autonómico, que aborda cuestiones generales y prevé la equiparación de los capellanes evangélicos con los de otras confesiones en el ámbito sanitario. A diferencia del convenio con la Iglesia católica, este acuerdo inicial no prevé financiación pública, aunque sí la dotación de espacios y recursos cuando las circunstancias lo permitan.
Conclusiones
La renovación del acuerdo entre el Gobierno andaluz y la Iglesia católica para la financiación de capellanes en hospitales públicos reabre el debate sobre el papel de la religión en las instituciones públicas y el uso de fondos públicos para servicios de carácter confesional. Mientras el Ejecutivo autonómico mantiene el compromiso con la asistencia religiosa, organizaciones laicistas insisten en la necesidad de separar la esfera religiosa de la sanitaria y destinar los recursos íntegramente a la atención médica y psicológica laica.
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