El Parlamento andaluz aprueba una propuesta sobre «prioridad nacional» en vivienda y repatriación de migrantes
El Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves, con el respaldo del Partido Popular Andaluz (PP-A) y Vox, una proposición no de ley (PNL) que reclama al Gobierno central establecer la «prioridad nacional» para ciudadanos españoles en el acceso a vivienda social o protegida, así como en la recepción de ayudas relacionadas con la vivienda. La iniciativa también incluye propuestas para la repatriación de migrantes que se encuentren en situación irregular en España.
La votación de la cámara autonómica concluyó con 63 votos a favor y 41 en contra. Los grupos de la oposición, que incluyen al PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía, rechazaron la propuesta, argumentando que fomenta el odio y la xenofobia.
Principales demandas de la proposición
El texto aprobado solicita al Ejecutivo nacional que adopte las siguientes medidas:
- Garantizar la «prioridad nacional» en el acceso a vivienda social y ayudas relacionadas para ciudadanos españoles.
- Repatriar a todos los inmigrantes que hayan entrado o permanezcan en España de manera ilegal.
- Remigrar a aquellos extranjeros que no contribuyan económicamente al país y pretendan vivir de ayudas sociales.
- Deportar de inmediato a extranjeros que cometan delitos graves, reincidan en delitos leves o intenten imponer costumbres consideradas incompatibles con la sociedad española.
Además, la iniciativa insta al Ejecutivo central a frenar la compra masiva de viviendas por parte de capital extranjero, mediante una fiscalidad diferenciada para compradores no comunitarios, destinando la recaudación a bonificaciones e incentivos fiscales para ciudadanos españoles y a la construcción de vivienda protegida.
Debate parlamentario y posiciones de los grupos
Desde Vox, el diputado Ricardo López argumentó que existe un déficit de 750.000 viviendas en España, centrando la responsabilidad en las políticas migratorias y en la presencia de migrantes. López criticó la gestión del Gobierno central en materia de vivienda y acusó a la oposición de priorizar los intereses de «fondos de inversión» y de mantener un discurso alejado de la realidad de los ciudadanos.
Por su parte, Daniel Pérez, parlamentario del PSOE-A, reprochó a Vox que la proposición no aborda soluciones concretas sobre vivienda y la calificó de «resumir odio y xenofobia». Pérez también criticó al Gobierno andaluz por la falta de propuestas reales y recordó que Vox no apoyó los decretos estatales para paralizar desahucios.
Desde Adelante Andalucía, Luis Rodrigo defendió el carácter migrante de la sociedad andaluza y acusó a Vox de buscar culpables entre los colectivos más vulnerables. Asimismo, señaló a los fondos de inversión extranjeros por su papel en la especulación inmobiliaria en la región.
Ernesto Alba, de Por Andalucía, denunció la especulación inmobiliaria y criticó al PP por gobernar junto a Vox, advirtiendo sobre el riesgo de fomentar discursos racistas y clasistas.
En defensa de la iniciativa, el diputado del PP-A, Manuel García Delgado, puso en valor las políticas de la Junta de Andalucía en materia de vivienda y exigió al Gobierno central mayor responsabilidad para aumentar la oferta de viviendas asequibles y reducir los obstáculos administrativos y fiscales para las familias.
Otras medidas propuestas en la iniciativa
- Explorar fórmulas legales para limitar la demanda extranjera no residente en la compra de viviendas, con el objetivo de evitar el incremento de precios y facilitar la emancipación de los jóvenes españoles.
- Impulsar una revisión de tasas e impuestos autonómicos y locales vinculados a la vivienda, para suprimir o bonificar aquellos que encarezcan el acceso a la misma.
- Aumentar la producción de vivienda nueva mediante la ampliación de suelo disponible, agilización de procedimientos y simplificación administrativa.
- Incrementar la construcción de viviendas protegidas y sociales y fomentar la colaboración público-privada para facilitar el acceso de jóvenes y familias a la vivienda.
- Promover un modelo de alquiler que equilibre los intereses de propietarios y arrendatarios, garantizando seguridad jurídica y precios asequibles.
- Modificar la legislación para impedir el empadronamiento en viviendas ocupadas ilegalmente y para garantizar el desalojo rápido de ocupantes irregulares.
Contexto y controversia
La aprobación de esta proposición ha generado un intenso debate político en Andalucía, reflejando la polarización en torno a las políticas migratorias y de vivienda. Mientras que PP-A y Vox defienden la necesidad de priorizar el acceso de los españoles y controlar la inmigración irregular, la oposición denuncia el carácter excluyente y discriminatorio de la medida, así como la ausencia de propuestas efectivas para aumentar la oferta de vivienda asequible.
El texto ahora depende de la consideración y posible adopción por parte del Gobierno central, mientras el debate sobre el acceso a la vivienda y la gestión migratoria sigue siendo uno de los principales temas de la agenda política andaluza y nacional.
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