Amnistía Internacional denuncia la falta de avances en la investigación sobre el espionaje con Pegasus en Cataluña
Amnistía Internacional ha acusado a la Fiscalía General del Estado de obstaculizar durante seis años las investigaciones relacionadas con el espionaje a figuras vinculadas al independentismo catalán mediante el software Pegasus. La denuncia se formalizó en una rueda de prensa celebrada en la sede del Col·legi de Periodistes de Catalunya, en Barcelona, donde la organización presentó su informe titulado España, ¿qué han hecho con mis datos?
Acusaciones de inacción y revictimización
Según el informe, la actuación del Ministerio Fiscal en las causas relacionadas con el espionaje masivo al independentismo catalán se ha caracterizado por la inacción y la revictimización de las personas afectadas. Virginia Álvarez, responsable de Investigación y Política Interior de Amnistía Internacional España, afirmó que el presunto espionaje realizado entre 2017 y 2020 a políticos, activistas, periodistas y abogados afines al movimiento independentista sigue sin esclarecerse y permanece en la impunidad.
Álvarez subrayó que, de las diez causas analizadas, la Fiscalía ha mostrado una actitud de obstrucción constante, dificultando el avance de las investigaciones y agravando la situación de las víctimas. «Las personas afectadas continúan esperando respuestas sobre quién llevó a cabo el espionaje y cuáles fueron los motivos», indicó la portavoz.
Pegasus: una herramienta de espionaje invasiva
Pegasus es un software desarrollado por la empresa israelí NSO Group, reconocido por su capacidad altamente invasiva para acceder a información personal y comunicaciones privadas. Según Amnistía Internacional, el uso de este programa en el caso conocido como Catalangate ha supuesto una vulneración de los derechos humanos fundamentales, incluyendo el derecho a la privacidad, la libertad de expresión, la asociación y la defensa.
En total, se han identificado 65 víctimas de este espionaje, quienes todavía desconocen la identidad de los responsables y los motivos detrás de la intervención a su intimidad.
Reconocimientos y denuncias por parte de las víctimas
En 2022, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) admitió haber espiado a 18 personas con autorización judicial, entre ellas el entonces president de la Generalitat, Pere Aragonès.
Txell Bonet, periodista y víctima del presunto espionaje, recordó que Pegasus está diseñado para casos de crimen organizado y terrorismo, por lo que su uso contra activistas y representantes de un movimiento pacífico supone, en su opinión, un grave atentado contra los valores democráticos. Bonet insistió en la necesidad de que la Fiscalía deje de poner trabas y realice una investigación efectiva que aclare la situación de todas las víctimas del Catalangate, no solo de aquellas reconocidas oficialmente.
- Solicita una investigación efectiva y sin trabas.
- Exige transparencia sobre el uso de Pegasus contra el movimiento independentista.
- Reclama reparación y justicia para las víctimas.
Deficiencias legales y peticiones a la Fiscalía
El informe de Amnistía Internacional señala que la posibilidad de utilizar Pegasus sin un control efectivo demuestra carencias en el marco legal español. La organización advierte que actualmente no existe un control real, ni previo ni posterior, sobre el uso de estas tecnologías, lo que permite su empleo de forma indiscriminada y con escasa rendición de cuentas, amparándose en la seguridad nacional.
Ante este escenario, Amnistía Internacional solicita a la Fiscalía que revise los procedimientos llevados a cabo hasta la fecha y actúe en favor de las víctimas, dejando de lado su tradicional rol de defensa del Estado y, en ocasiones, de la empresa NSO.
- Respaldar diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.
- Reconocer la existencia de una operación de espionaje masivo, avalada por Citizen Lab, Amnesty Tech, periodistas y organismos como el Defensor del Pueblo.
- Colaborar con las investigaciones en curso del Parlamento Europeo y Naciones Unidas.
Reformas legales y prohibición del uso de espionaje digital
En sus conclusiones, la organización exige a las autoridades españolas la prohibición del uso, compra, venta o transferencia de tecnologías como Pegasus. Además, solicita la reforma de la Ley de Secretos Oficiales y de la normativa que regula el CNI, con el objetivo de eliminar obstáculos legales que dificultan la investigación de posibles vulneraciones de derechos humanos.
- Prohibición total del uso y comercialización de software de espionaje como Pegasus.
- Reforma de la Ley de Secretos Oficiales y del marco regulatorio del CNI.
- Garantizar transparencia y protección de los derechos fundamentales.
La denuncia de Amnistía Internacional reabre el debate sobre los límites del control estatal y la protección de los derechos civiles en el contexto de la seguridad nacional, y plantea la urgente necesidad de mecanismos de control y transparencia efectivos en el uso de tecnologías de vigilancia.
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