Aliados de Sánchez presionan para avanzar en vivienda y Presupuestos ante un curso político incierto

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Aliados de Sánchez exigen aprovechar la legislatura: vivienda, ley mordaza y Presupuestos en el punto de mira

El inicio del nuevo curso político está marcado por el escepticismo respecto a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, una cuestión que, sin embargo, se ha convertido en la última tabla de salvación para el Gobierno de Pedro Sánchez y su coalición con Sumar. Mientras tanto, desde el Palacio de La Moncloa, se insiste en la importancia de ejecutar los fondos europeos Next Generation, consolidar la convivencia en Cataluña y dar un impulso a las políticas de vivienda.

Un bloque de aliados fragmentado y exigente

La estabilidad del Ejecutivo se sostiene sobre un andamiaje cada vez más frágil. Lo que fue el bloque de investidura hoy muestra profundas grietas. Junts per Catalunya y Podemos consideran agotada la legislatura y no esperan ya avances significativos del PSOE. Por su parte, el PNV apuesta por un adelanto electoral, aunque deja abierta la puerta a una última reacción del Gobierno. El resto de socios tradicionales, como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Sumar o EH Bildu, insisten en la necesidad de dotar de contenido y avances concretos a lo que queda de mandato.

Para estos aliados, la aprobación de los Presupuestos Generales es la principal moneda de cambio que justificaría la continuidad del Gobierno. A pesar de los anuncios del Ejecutivo, hasta el momento no se han producido contactos oficiales ni intercambios de documentación con los grupos parlamentarios, según han confirmado fuentes de varias formaciones.

Más allá de los Presupuestos: vivienda, ley mordaza y reformas pendientes

Las prioridades de los socios van más allá de la aprobación de las cuentas públicas. Entre los temas que exigen atención inmediata se encuentran la regulación del mercado de la vivienda, la derogación de la conocida como ley mordaza, la reforma de la financiación autonómica (LOFCA), la condonación de deuda a las comunidades autónomas y el avance en infraestructuras clave.

  • Vivienda: Sumar, liderado en el Congreso por Verónica Martínez Barbero, exige avanzar en la regulación del mercado del alquiler, defendiendo que es la herramienta más eficaz para proteger a los inquilinos y contener los precios. Sin embargo, la falta de mayoría suficiente y la oposición de gobiernos autonómicos liderados por PP y Vox complican la aprobación de grandes reformas en este ámbito.
  • Ley mordaza: La derogación de esta ley sigue siendo una de las principales demandas de la izquierda, especialmente de EH Bildu e Izquierda Unida, aunque la iniciativa permanece bloqueada en la Comisión de Interior desde noviembre de 2024.
  • Otras reformas: Sumar prioriza también la reforma de las hipotecas REDAL, el embargo de armas a países involucrados en delitos internacionales, la recuperación de la justicia universal y la despenalización de las injurias a la Corona y las ofensas religiosas.

Prioridades específicas de los aliados

  • Compromís: Reclama desbloquear la ley del alquiler de temporada y la reforma de la LOFCA, así como la condonación de la deuda autonómica.
  • ERC: Focaliza sus demandas en la financiación autonómica, la condonación de la deuda y la mejora de infraestructuras y transporte para Cataluña.
  • EH Bildu: Insiste en la derogación de la ley mordaza, la prohibición de la publicidad de pisos turísticos ilegales, el avance en transferencias pendientes con Euskadi y la reforma de la ley de secretos oficiales.
  • BNG: Exige la implantación de cercanías ferroviarias en Galicia, el cumplimiento de la Ley de Dependencia y la transferencia de la autopista AP-9.
  • Coalición Canaria: Aspira a gestionar parte de los aeropuertos canarios, actualizar la compensación al transporte de mercancías y culminar las ayudas a La Palma.

El papel de Podemos y Junts: desencanto y distancia

Podemos, por su parte, da la legislatura por agotada y centra sus esfuerzos en impulsar el espacio político a la izquierda del PSOE, apoyándose en los movimientos sociales y nuevas candidaturas. Por otra parte, Junts per Catalunya mantiene una postura de distanciamiento, aunque no descarta apoyar iniciativas puntuales si el Gobierno ofrece contrapartidas de interés para Cataluña. Sin embargo, el partido de Carles Puigdemont se suma a la posición del PP y reclama la convocatoria de elecciones anticipadas.

El Gobierno insiste en la agenda europea, los fondos y la convivencia

Desde La Moncloa, las prioridades se centran en la gestión de los fondos Next Generation y el cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. También se comprometen a culminar políticas de vivienda en marcha, elevar el salario mínimo interprofesional el 1 de enero y consolidar la normalidad y convivencia en Cataluña. La agenda europea adquiere relevancia ante la inminente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía, prevista para el 16 de julio.

El Ejecutivo defiende que su permanencia evita recortes y retrocesos que, a su juicio, impondría una eventual llegada de la derecha al poder. Sin embargo, el tiempo apremia y las demandas de los aliados se multiplican, con el riesgo de que, si no se materializan avances, el Gobierno pierda los apoyos necesarios para agotar la legislatura.

Perspectivas de futuro: ¿última oportunidad para Sánchez?

Con un calendario marcado por la presión de los aliados y la fragmentación del bloque progresista, el Gobierno de Pedro Sánchez afronta un tramo final de legislatura en el que la aprobación de los Presupuestos Generales y la capacidad de responder a las demandas concretas de sus socios serán determinantes. Si el Ejecutivo logra presentar unas cuentas públicas atractivas, podría reactivar relaciones con partidos como el PNV o Junts, abriendo la puerta a pactos de última hora. Sin embargo, de no producirse avances sustanciales, el horizonte apunta a un adelanto electoral o a una legislatura consumida sin grandes logros.

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