Aguirre niega vínculos con la adjudicación irregular del campo de golf del Canal de Isabel II

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Esperanza Aguirre se desmarca de la adjudicación irregular del campo de golf del Canal de Isabel II

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha negado cualquier implicación en las presuntas irregularidades relacionadas con la adjudicación y gestión del campo de golf del Canal de Isabel II. Esta infraestructura pública, situada en el distrito madrileño de Chamberí, está en el centro del segundo juicio del conocido como caso Lezo, en el que se investiga un presunto amaño de contratos que habría beneficiado económicamente a la familia de Ignacio González, exvicepresidente regional y mano derecha de Aguirre.

Aguirre defiende el proyecto pero delega la gestión en González

Durante su declaración como testigo, Aguirre ha reivindicado la autoría de la idea de transformar los antiguos depósitos de agua en un campo de golf, asegurando que fue una iniciativa propia. Sin embargo, ha insistido en que la ejecución y el desarrollo del proyecto quedaron en manos de Ignacio González, quien además de vicepresidente del Gobierno regional, ocupaba la presidencia del Canal de Isabel II en aquel momento.

La expresidenta ha destacado la oportunidad de dotar a Chamberí de instalaciones deportivas en lugar de mantener un helipuerto, argumentando que era una mejora para los vecinos del distrito. Al ser preguntada por el abogado del PSOE sobre si canalizó la gestión del proyecto a través de González, Aguirre ha respondido afirmativamente, aunque ha señalado que no recuerda los detalles exactos.

Los acusados y la investigación judicial

Junto a Ignacio González, están siendo juzgados Ildefonso de Miguel, exdirector gerente del Canal de Isabel II (2003-2009), y los socios de la empresa Tecnoconcret (TCT): José Antonio Clemente Marín, Pablo Manuel González González y José Juan Caballero Escudier. Cabe señalar que estos dos últimos son hermano y cuñado, respectivamente, de Ignacio González.

  • Ignacio González: exvicepresidente regional y expresidente del Canal de Isabel II
  • Ildefonso de Miguel: exdirector gerente del Canal de Isabel II
  • José Antonio Clemente Marín: socio de TCT
  • Pablo Manuel González González: socio de TCT y hermano de Ignacio González
  • José Juan Caballero Escudier: socio de TCT y cuñado de Ignacio González

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, procesó a los acusados en agosto de 2021 por delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y fraude a las administraciones públicas. Según el auto judicial, González y De Miguel habrían utilizado sus cargos para asegurar la contratación de TCT en dos concursos públicos, con el objetivo de beneficiar económicamente a familiares de González.

Un beneficio de más de 500.000 euros para una empresa sin medios

La investigación indica que la empresa TCT, que carecía de capacidad para ejecutar los trabajos, fue seleccionada de forma irregular, obteniendo un beneficio total de 504.780 euros en contratos públicos. El magistrado sostiene que esta adjudicación fue innecesaria y que los acusados impusieron su contratación como condición para acceder a los concursos, ocultando además la relación familiar de dos de los socios con Ignacio González.

  • Primer contrato: 381.029 euros
  • Segundo contrato: 123.751 euros
  • Total beneficio para TCT: 504.780 euros

Aguirre niega conocer detalles y relaciones familiares

A pesar de las sospechas, Esperanza Aguirre ha asegurado que nunca fue informada por Ignacio González ni por Ildefonso de Miguel sobre detalles específicos de la ejecución de las obras. También ha declarado desconocer la existencia de la empresa TCT y la vinculación familiar de algunos de sus socios con el exvicepresidente.

El origen de la idea y el respaldo institucional

Aguirre ha explicado que la propuesta de construir un campo de golf en el centro de Madrid surgió tras un viaje a Tokio, donde observó instalaciones similares en entornos urbanos. Tras consultar en su momento con el entonces presidente regional, Joaquín Leguina (PSOE), y recibir una negativa, la iniciativa se retomó al llegar Aguirre a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Ante la falta de licencia municipal inicial, la expresidenta ha destacado que promovió la declaración de interés general para la obra, considerando que suponía una mejora para los vecinos frente al uso anterior del espacio como helipuerto. Según sus palabras, la legalidad de esta decisión fue valorada por los servicios jurídicos de la Comunidad.

Un juicio clave para la gestión de fondos públicos en Madrid

El caso del campo de golf del Canal de Isabel II sigue avanzando en los tribunales, poniendo el foco en los mecanismos de adjudicación de contratos públicos y el posible uso indebido de fondos para beneficiar a círculos familiares y empresariales próximos al poder político de la Comunidad de Madrid.

Nota:

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