Silencio estratégico: los acusados en el ‘caso Montoro’ buscan dilatar la investigación
Dos exdirectivos de una empresa del sector gasista han optado por no declarar ante el Juzgado de Instrucción número dos de Tarragona, en el marco del conocido ‘caso Montoro’, que se investiga desde hace ocho años. Esta decisión, tomada por Eduardo Gil, expresidente de Praxair España, SL, y Jacobina Escámez, exresponsable fiscal para España y Portugal de la misma compañía, responde a la espera de que se resuelva un recurso clave que podría trasladar la causa a Madrid, cuestionando la competencia territorial del juzgado catalán.
El epicentro de la investigación: Cristóbal Montoro
La investigación sitúa al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el foco de una presunta trama de pagos ilícitos destinados a influir en el Consejo de Ministros y promover reformas legislativas favorables a empresas gasistas. Montoro, que fue titular de Hacienda durante los gobiernos de José María Aznar (2000-2004) y Mariano Rajoy (2011-2018), es uno de los 35 investigados en un caso calificado por el juzgado como uno de los más graves de corrupción en la democracia reciente.
Junto a directivos de varias empresas gasistas, también están siendo investigados miembros del despacho Equipo Económico—fundado por Montoro—y ex altos cargos del Ministerio de Hacienda. Los delitos imputados incluyen cohecho, fraude contra la administración pública, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, falsedad documental y corrupción en los negocios.
Una estrategia de dilación y presión judicial
Fuentes jurídicas interpretan la negativa a declarar como parte de una estrategia común de los imputados para alargar la instrucción y presionar por el traslado del caso a Madrid, donde podrían encontrar un escenario judicial más favorable. La decisión final sobre la competencia territorial está ahora en manos de la Audiencia Provincial de Tarragona.
El papel de las empresas gasistas y Equipo Económico
Entre los investigados figuran exdirectivos de compañías como Air Liquide, Abello, Messer, Praxair y Carburos Metálicos, agrupadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM). Estas empresas habrían contratado al despacho Equipo Económico con el objetivo de modificar la normativa del Impuesto Eléctrico y del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), buscando beneficios fiscales a cambio de pagos económicos.
- Entre 2011 y 2019, las empresas gasistas abonaron cerca de 780.000 euros a Equipo Económico.
- Tras estos pagos, Hacienda incluyó al sector gasista en una reducción del 85% de la base imponible del impuesto especial de la electricidad, generando importantes ahorros para el sector.
Según el sumario, antes de recurrir a Equipo Económico, las gasistas habían intentado sin éxito estas reformas por otras vías, hasta que la intervención del despacho fundado por Montoro permitió no solo la aprobación de los cambios, sino también que fueran las propias empresas quienes redactaran las propuestas legislativas.
Reuniones y documentos clave
Eduardo Gil, además de dirigir Praxair, presidió la patronal AFGIM, que gestionó el encargo y el pago a Equipo Económico. El sumario recoge una videoconferencia celebrada en octubre de 2013 en la que se decidió la contratación del despacho y se organizó el plan de pagos. Asimismo, Gil se reunió en 2014 con Montoro, entonces ministro de Hacienda.
Por su parte, Jacobina Escámez elaboró un informe dirigido al entonces secretario de Estado de Hacienda, donde se recogían las demandas del sector gasista.
Recursos, retrasos y enfrentamientos en la Fiscalía
El recurso presentado por Montoro ante la Audiencia Provincial de Tarragona pretende trasladar la causa a Madrid, argumentando que los hechos investigados ocurrieron en esa ciudad y solicitando la nulidad de la instrucción, a la que califica de desproporcionada.
La investigación comenzó en 2018 tras unas pesquisas relacionadas con un posible delito urbanístico en Messer Ibérica. El hallazgo de correos electrónicos en la sede de la empresa reveló indicios de pagos ilícitos para influir en el Gobierno, lo que dio origen al caso Montoro.
Durante siete años, la causa permaneció bajo secreto sumarial para garantizar su avance. El levantamiento reciente del secreto ha provocado una avalancha de recursos y escritos por parte de los investigados, generando continuos retrasos en el juzgado. La instrucción está prorrogada hasta julio próximo.
La fiscal del caso ha denunciado que la acumulación de recursos y escritos no tiene como objetivo esclarecer los hechos, sino anular actuaciones realizadas con profesionalidad y respeto a los principios procesales. Además, se han producido discrepancias entre la fiscal y el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, derivando en sanciones internas y desacuerdos sobre la instrucción y la investigación policial.
Ampliación de diligencias y nuevas citaciones
El juez ha rechazado la petición de los investigados de retrasar sus declaraciones hasta el final de la instrucción y de realizarlas por videoconferencia. Además, se ha solicitado a la Policía Judicial la documentación completa, memorias y cuentas anuales de Equipo Económico y de sus sociedades vinculadas entre 2008 y 2025, así como las escrituras de constitución y titularidad de hasta 13 empresas relacionadas.
- El 29 de mayo están citados Rubén Folgado y Karl Andrea Hauck, ex directivos de Messer Ibérica.
- El 19 de junio deberán declarar Teresa Rasero y Jorge Pedrazuela, directivos de Air Liquide.
- El 22 de junio comparecerán Francesco Maione, Ahmed Hababou y José Luis Méndez, directivos de Carburos Metálicos.
Perspectivas de la causa
El desarrollo del ‘caso Montoro’ continúa siendo seguido de cerca por la opinión pública, dada la implicación de altos cargos políticos y empresariales y la magnitud de los presuntos delitos. La resolución sobre la competencia territorial y el avance de la instrucción serán determinantes en el futuro de la causa, que sigue prorrogada y bajo la atención de la Audiencia Provincial de Tarragona.
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