Acusaciones piden retirar el pasaporte a Begoña Gómez y exigirle comparecencias quincenales ante el juez

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Acusaciones populares solicitan que Begoña Gómez entregue su pasaporte y comparezca cada 15 días ante el juez

La última audiencia preliminar del caso que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, concluyó este lunes en Madrid con la solicitud de medidas cautelares por parte de las acusaciones populares. Entre estas medidas figura la retirada del pasaporte de Gómez y la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado, alegando un presunto «riesgo de fuga». La petición fue presentada al juez Juan Carlos Peinado, quien deberá decidir en los próximos días si accede a las demandas.

Decisión judicial pendiente

Según establece la Ley del Tribunal del Jurado, tras la celebración de la audiencia preliminar el juez dispone de un plazo de tres días para emitir un auto que determine si se abre juicio oral o si se archiva la causa. En esta ocasión, al término de la vista, el magistrado Peinado no dictó resolución alguna, aunque fuentes jurídicas prevén que la decisión llegue en breve y se pronuncie tanto sobre las medidas cautelares como sobre la apertura de juicio oral.

Acusaciones y penas solicitadas

El proceso sigue su curso como un procedimiento con jurado, contando con la participación activa de varias acusaciones populares, entre ellas Hazte Oír, Manos Limpias y Vox. Estas entidades solicitan penas de hasta 24 años de prisión para Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Las acusaciones sostienen que Gómez habría utilizado su posición en la Universidad Complutense de Madrid y su relación con el presidente para beneficiarse y favorecer a terceros.

Además de Gómez, la asesora Cristina Álvarez se enfrenta a una petición de 22 años de cárcel como «cooperadora necesaria», mientras que el empresario Juan Carlos Barrabés, también investigado, podría enfrentarse a seis años de prisión por supuesta corrupción en los negocios y tráfico de influencias.

  • Begoña Gómez: hasta 24 años de prisión
  • Cristina Álvarez: 22 años de prisión
  • Juan Carlos Barrabés: 6 años de prisión

Contexto y desarrollo de la causa

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, basada principalmente en informaciones de prensa de orientación conservadora, algunas de las cuales resultaron ser infundadas. El foco principal de la denuncia fue el rescate de Air Europa y supuestas irregularidades en la gestión de la cátedra extraordinaria ocupada por Gómez en la Universidad Complutense.

A lo largo del proceso, la Audiencia Provincial ha desestimado en varias ocasiones ampliar la investigación hacia ciertos aspectos por falta de indicios delictivos. Por su parte, la Fiscalía ha solicitado la absolución de los tres investigados, considerando que no existen pruebas suficientes para sostener las acusaciones.

Clima social y reacciones

La celebración de la audiencia estuvo marcada por la presencia de simpatizantes de Hazte Oír a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, quienes manifestaron su rechazo hacia Begoña Gómez. La esposa del presidente pudo acceder directamente por el aparcamiento de los juzgados, evitando el contacto directo con los manifestantes.

El juez Peinado ha insistido en la obligación de que Gómez acuda personalmente a las vistas, bajo advertencia de ser conducida por la fuerza si no se presenta, a pesar de que habitualmente la presencia de la representación legal es suficiente en estos trámites.

Perspectivas del caso

El juez, en resoluciones previas, ha argumentado que los hechos investigados merecen una interpretación detallada del Código Penal, por la gravedad de las acusaciones y la capacidad de influencia que puede ejercer una figura asociada al poder ejecutivo. Según sus propias palabras, situaciones que impliquen conductas desde entornos presidenciales requieren un análisis especialmente minucioso.

La defensa de Begoña Gómez, por su parte, solicita la absolución total, alegando que los hechos imputados no constituyen delito alguno y denunciando una actuación de «mala fe» por parte de las acusaciones populares.

Próximos pasos

En los próximos días, el juez Juan Carlos Peinado deberá decidir si impone las medidas cautelares solicitadas y si finalmente se abre juicio oral. La decisión podría marcar un hito relevante en un caso que ha generado gran atención mediática y política, y que sigue siendo objeto de intensos debates en la sociedad española.

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