Opinión

Un cine incendiado: las políticas culturales y su impacto en el audiovisual chileno

Por Luis Horta Canales

El incendio que afectó al Centro Arte Alameda el pasado 27 de diciembre, abre una serie de interrogantes respecto a la fragilidad en la que se encuentran muchos espacios culturales de nuestro país, y establece una relación entre cultura y espacio público que no se manifestaba, en estos términos de violencia y amedrentamiento, en al menos cuarenta años.

El incendio ocurre mientras se realizaba una protesta ciudadana contra las políticas gubernamentales, la cual conllevó un desproporcionado control policial de toda la zona aledaña a Plaza Baquedano, hoy denominada popularmente como Plaza de la Dignidad. Aún si el objetivo de esta medida era “resguardar el orden público”, como ha manifestado el Intendente de Santiago Felipe Guevara, resulta contraproducente que se produzca un incendio de tales dimensiones ante esos dispositivos de control. En rigor, el Estado en vez de proteger el lugar, focalizó su accionar en la represión a los manifestantes empleando gases lacrimógenos de largo alcance y, según testimonio de los propios funcionarios del Centro, disparando perdigones hacia el interior de la sala de cine, que además en ese minuto se encontraba con público.

El caso del incendio del Centro Arte Alameda, además de poner en riesgo a públicos y funcionarios, alimenta la desazón por las condiciones que brinda el Estado a las instituciones culturales locales, las que además de someterse a indicadores que convierten al público en un consumidor de cultura, deberá en el futuro cuidar que no se produzcan muertes a causa de la represión. El modelo neoliberal ha perjudicado de manera importante las relaciones entre arte y comunidad en Chile, permeando los contenidos y las prácticas a disposiciones que tienden a desplazar el desarrollo educativo por el económico. La posibilidad de enriquecimiento cultural va de la mano con la necesidad de establecer medidas que resguarden la integridad de los públicos, quienes, ya sumidos en lógicas de mercado, ven fuertemente condicionada su libertad en el acceso a contenidos artísticos. Así, previo al inicio de las protestas, numerosas instancias que no pudieron rendir satisfactoriamente indicadores de consumo, se habían visto obligadas a cesar sus actividades únicamente por no ser “productos rentables”.

Preocupantes resultan las palabras surgidas desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que en voz de su ministra Consuelo Valdés, solo cumplió con “lamentar los daños” causados en el incendio, instalando una figura indolente disfrazada de corrección política. Veladamente, el Ministerio traslada la discusión hacia los bienes materiales, sin atisbar que la anemia institucional es estructural. En este caso, no basta con que el Estado pueda financiar la recuperación del edificio, sino se requieren garantías transversales para que las instituciones culturales puedan desarrollar una labor que no se subordine a los intereses del mercado, donde los apoyos sean equitativos y no solo privilegio del lobby rentista. Sin embargo, estamos lejos de ese panorama: en medio de las protestas sociales, para el Ministerio no parece importante repensar las estructuras que han deformado la creación artística hasta llevarla al paroxismo neoliberal.

Lo que hoy es un incendio en una sala de cine emblemática de Santiago, antes había sido el deterioro de películas históricas debido a la ausencia de políticas públicas que garanticen su conservación o la precarización laboral en la que se encuentran numerosos creadores, académicos y gestores de todo el país. Sin embargo, en el contexto actual ya no es suficiente ni el malestar ni el lamento. Una parte de las demandas ciudadanas es la de repensar la institucionalidad de forma crítica, al igual que los pilares en los que se sustentan prácticas cotidianas que hoy son puestas en cuestión por una comunidad que interpela la forma en que derechos sociales se han convertido en meros bienes de consumo. La figura del cine incendiado va de la mano con que, casi de manera paralela, una persona moría a escasas cuadras, producto de una persecución policial. Es la metáfora más clara de un modelo que entra en crisis a partir de la relación que hoy tienen los ciudadanos con el Estado, formas de violencia que han transformado el malestar en revuelta callejera.

*Luis Horta Canales es académico del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.

Previamente publicado en “Remolino Popular”, Chile.

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