Josefina Correa (Greenpeace) sobre reforma al Código de Aguas: “Dentro de los gobiernos han habido fuerzas políticas que han evitado que estos proyectos avancen”

Durante esta jornada se han revisado las indicaciones al proyecto de reforma al Código de Aguas en la comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado, luego de que el proyecto fuera aprobado en general y de manera unánime.

Durante la tarde de ayer martes, el Senado aprobó en general y de forma unánime la reforma al Código de Aguas, luego de una década de tramitación legislativa. Luego de la votación en general, el proyecto volvió a la Comisión Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía para revisar las indicaciones durante la sesión de esta mañana.

Si bien las indicaciones tenían como plazo de presentación esta mañana a las 9.30 horas, el boletín con las 27 indicaciones -de las cuales, 14 fueron ingresadas por el Presidente Sebastián Piñera- no llegó hasta la comisión hasta cerca de las 11.00 de la mañana, por lo que la revisión del documento continuará durante la tarde, en paralelo a la sesión de la Sala del Senado.

En conversación con El Ciudadano, Josefina Correa, vocera de Greenpeace, comentó que si bien valoran la reforma, es preocupante la demora en la tramitación del proyecto. “Son diez años de tramitación y estamos recién en el segundo trámite constitucional. Se va a revisar de manera general y en particular estos dos días, pero habla de la enorme dificultad que tienen las materias de agua para poder avanzar no solo en este Congreso, sino también en los anteriores”, explicó.

La activista criticó que la demora en las indicaciones al proyecto haya retrasado su discusión en la comisión especial. “Todas las técnicas legislativas que se han utilizado para frenar los proyectos de agua tienen que ver con ese tipo de dinámicas”, planteó, recordando el fallido proyecto de reforma constitucional del agua que buscaba, entre otras cosas, priorizar el consumo humano, y que fue rechazado por el Senado en enero del 2020.

“Esa fue una reforma que no se puso en tabla durante doce años. De alguna manera, las fuerzas políticas -en buena medida cooptadas por intereses económicos que ejercen un rol importante en esta materia- han sido una forma de retraso de estas discusiones para evitar que se pongan sobre la mesa”, puntualizó.

“Dentro de los gobiernos han habido fuerzas políticas que han evitado que estos proyectos avancen y tenemos, por otro lado, políticos que de manera más individual y hasta fuera de sus propios partidos, han empujado este tipo de reformas”, reflexionó la vocera de Greenpeace.

Una reforma en tiempos de crisis hídrica

Josefina Correa comentó que “no podemos ser ciegos frente a la realidad que enfrentamos. Estamos frente a una crisis climática cuyo principal riesgo es la disponibilidad hídrica de las zonas más pobladas del país y según datos de la DGA el 2015, Chile ya tenía en promedio las cuencas sobreotorgadas hasta tres veces, es decir habíamos entregado más agua de la que existe.” Correa recordó que existen “severas faltas de información” en el uso de agua por parte de algunas industrias que operan en el país. “Las dos grandes industrias exportadoras en Chile declaran no ocupar agua dulce, y de aquella que se otorgan por acto de autoridad administrativa o judicial según la DGA el 2020, no estarían en el catastro público de aguas el 56% de los derechos”.

“Esperamos que con los próximos parlamentarios, y cuando ya tengamos una nueva Constitución, podamos trabajar en proyectos de ley que avancen en materias más clave”, dijo la activista. A juicio de Greenpeace, esta reforma “no avanza en revisar la asignación originaria de derechos, que es la única vía de reestablecer un criterio adecuado para los usos del agua en nuestro país. Tenemos un texto que no avanza sobre el manejo integrado de cuencas, ni menciona la palabra clima en ningún artículo y que no se refiere a los salares, que son sistemas hídricos claves amenazados precisamente por dinámicas de transición que no necesariamente van en la línea de proteger intereses nacionales.”

De cara a la discusión constitucional, la vocera apoyó la posibilidad de incluir en la próxima Carta Magna del país el concepto de Derechos de la Naturaleza. “Cuando hablamos de Derechos de la Naturaleza, nos referimos al derecho del río y el glaciar a tener su propia expresión, y a ser un sostén que se apega mucho más a la visión que tienen los pueblos originarios respecto al territorio y que vienen a dar grandes enseñanzas para enfrentar esta crisis climática y ecológica”, aseguró.

Vía El Ciudadano

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