Opinión

Chile: La Hora del Lobo

Por Luis Horta Canales

Al escribir estas líneas, han transcurrido 10 días de protestas sociales en Chile, violentamente reprimidas por organismos de Estado. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha constatado casos de asesinatos, torturas, violencia sexual y amedrentamientos por parte de fuerzas militares y de orden. Los sobrevuelos de helicópteros policiales y las ráfagas de balines se han convertido en la banda sonora cotidiana de los ciudadanos en diversos puntos del país. Este panorama, en el cual salen a reflotar los fantasmas de las memorias latinoamericanas, ha significado un territorio de incertidumbres frente a la demanda social que fue iniciada con la desobediencia civil en la evasión organizada al sistema de transporte, luego de las violentas alzas ejecutadas durante este año. Pero luego, a partir del ejercicio de la libre asociación, la ciudadanía se ha apropiado del espacio público con el objetivo de protestar y demandar el cambio estructural del sistema.

La figura de una violencia subyacente dada por el modelo neoliberal, atravesó todas las capas sociales hasta gestar un movimiento inédito en la historia moderna de Chile. El Servicio Médico y Dental (Semda) de la Universidad de Chile, expuso cifras que resultaron alarmantes al señalar que en 2018 realizó más de 7 mil atenciones psicológicas y psiquiátricas. Chile se convirtió en uno de los países con mayores tasas de suicidio a nivel mundial, siendo quienes más atentan contra su vida el grupo de edad entre 70 y 79 años. Los lugares donde ocurren con mayor frecuencia los suicidios en Santiago son el edificio Costanera Center y los andenes del Metro, precisamente dos focos atacados por las revueltas sociales que han sido dirigidos como ejemplos de un Chile moderno y desarrollado. Esta atmósfera cotidiana de desarraigo y vacío ha terminado por eclosionar en protestas que derivaron en nuevos mecanismos de control por parte del Estado, como la irresponsable decisión gubernamental de ordenar a los militares que tomen el control de la sociedad civil, arrastrando con ello vejámenes propios del siglo pasado y generando mayores cuestiones respecto a la legitimidad de un gobierno capaz de poner militares a defender la empresa privada.

Hoy, las movilizaciones solo han aumentado, y si bien se han aplicado medidas como el fin al toque de queda, el Estado de Excepción sigue rigiendo y controlando a la ciudadanía. Los anuncios cosméticos que ha desplegado el gobierno, han incluso ampliado las demandas ciudadanas, que hoy reclaman por rearticular todo el orden social por medio de una asamblea constituyente. Es por esta razón que la revuelta ciudadana, además de ser política, es cultural. Las manifestaciones demandan cambiar los cimientos de la sociedad, desplazando las arbitrariedades que cada persona vive en sus lugares de trabajo sean estos universidades, empresas, oficinas o almacenes. También en los servicios básicos, como salud, transporte, alimentación o cultura. De ahí la transversalidad en las protestas.

La utopía de una reestructuración en el orden social se da en torno a demandas legítimas de justicia en las ruinas del neoliberalismo, cuya ferocidad ha acarreado tanta desigualdad como violencia. Escribir estas palabras desde adentro de los acontecimientos hace que el futuro sea nebuloso e incierto, más bien solo sabemos que será “distinto”. Distinto en el acercamiento entre vecinos barriales, los cuales solidarios han establecido puentes comunicacionales antes no existentes. Distinto en los cuestionamientos a los tratos impositivos, autoritarios y arbitrarios. Distinto en la ruptura entre el mercado y el capital humano. Por ello, hoy es más necesario que nunca reflexionar sobre lo que nos está ocurriendo, ya que, si bien las marchas desbordan música y color, en ellas encontramos la tristeza elocuente de las frustraciones cotidianas, de sujetos desplazados y olvidados por un sistema, de catástrofes invisibles que ocurren día a día ante la indolencia de quienes ostentan cargos. Lo que vemos hoy, es la gente que se rebela a ser tratada como propiedad privada de los conglomerados económicos, y que ha colocado a disposición sus cuerpos como artefacto político de un camino de cambios que recién comienzan a enunciarse.

*Luis Horta Canales es académico del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.

Previamente publicado en “Revista Milénico”, Argentina.

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