Opinión

Estado, Cultura y Neoliberalismo

Por Luis Horta Canales

Al escribir estas líneas, la histórica radio Beethoven, la única del dial chileno dedicada al fomento educativo de la música docta, es clausurada por decisiones netamente comerciales. El proyecto, que nace en los años ochenta a partir del interés de los músicos Fernando Rosas y Adolfo Flores, inició el siglo XXI con una importante crisis, momento de fragilidad en el cual es adquirido por el Grupo Copesa S.A., conglomerado que administra al menos 17 medios de comunicación. Esta aparente medida de apoyo, terminaría siendo la lápida a 38 años de trayectoria. El fomento de músicos jóvenes locales, obras no comerciales y contenidos educativos, ha cesado a pesar de las numerosas protestas de auditores que, violentamente, han sido despojados de un medio del cual se han apropiado en términos culturales.

El caso señalado retrata el precario soporte en el cual se despliegan las artes locales en los últimos 45 años, donde arte y mercado borran sus fronteras. Actualmente, gran parte de las iniciativas artísticas chilenas deben subordinarse –con desdén o entusiasmo, dependiendo el caso-, a clasificaciones dadas en cuanto bien de consumo, industrializables y cuantificables. Las protestas sociales iniciadas en octubre de 2019 han puesto en tensión las prácticas neoliberales de la producción artística, develando también con ello el enorme distanciamiento entre instituciones estatales y comunidad. Resulta revelador el silencio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio frente a la cesantía en la que quedan los trabajadores de un medio cultural cuya incidencia ha sido ampliamente reconocida, actitud indolente que resulta de una violencia supina. Este ejemplo dado en un contexto de movilizaciones sociales, permite preguntarse respecto al rol que cumple actualmente un Ministerio de las Culturas en relación a su campo de operación.

Sumando elementos al debate, resulta pertinente considerar que antes de 1973 el Estado cumplía un rol preponderante en el fomento a las artes, sin necesariamente caer en la subsidiariedad. La división entre cultura y educación se dará únicamente tras el golpe de Estado, lo cual se graficará en el desmantelamiento de la Universidad de Chile, despojándola de sus sedes regionales, escindiendo el Instituto Pedagógico, clausurando la Cineteca Universitaria, licitando a privados tanto su señal de televisión como el Club Deportivo, además de exonerar académicos, funcionarios y estudiantes. Será una estrategia central del Régimen Militar para instalar el neoliberalismo como modelo económico y cultural, transformación íntegra en la noción de sociedad que desplazará el tradicional concepto de “lo público” para, a cambio, ubicar la competencia como modelo de interrelaciones donde el Estado se convierte un mero prestador de servicios. En esta nueva ordenación, un artista deberá convertirse más bien en un pequeño empresario, productor de contenidos consumibles y rápidamente comunicables, para lo cual tendrá un nuevo público que ahora será denominado “consumidor”, donde el Estado no necesitaría intervenir. Resultado de ello es la privatización de la cultura, que será entregada a Museos, Instituto Culturales, Fundaciones y Corporaciones, estableciendo un patrón administrativo basado en la subsidiariedad de un Estado que principalmente ofrecerá recursos económicos a privados por medio de concursos, evaluados por “jurados de pares expertos” en los cuales recaerá la responsabilidad de determinar los contenidos a subvencionar.

La idea de concursabilidad fue elaborada en dictadura, cuando en 1988 surge el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural (Fondec), sin poder implementarse completamente hasta que en 1992 nace el Fondo de las Artes (FondArt), que deriva en los actuales Fondos de Cultura. En ellos se profundizarán estas políticas culturales, donde la eficiencia de cada proyecto cada vez quedará cada vez más a disposición de indicadores de mercado. Muchos creadores deberán incorporar nuevas herramientas a sus saberes, tales como planes de financiamiento, estrategias de difusión, mediciones de impacto, operaciones publicitarias y análisis estadísticos en la reportabilidad de públicos. Se trata de un mundo donde los saberes son premiados en la misma jerarquía que el marketing, y los “emprendedores ideales” harán sus propias “industrias creativas” para producir “objetos culturales”. De esta manera, el credo economicista prepondera en una espesa red de empresas personales, en las cuales el Estado depositará la responsabilidad de fomentar el desarrollo educativo y cultural del país. Esta operación, que se ejerce sin amonestaciones de la más mínima índole, legitima la privatización del conocimiento y la acumulación narcisista, donde muchas veces los grandes conglomerados comerciales se ven beneficiados por la investigación, la creación y un aparente resguardo del patrimonio, mientras que otros creadores ven disminuidas sus posibilidades de acceder equitativamente a condiciones básicas de producción artística.

Las grietas del modelo sugieren transformaciones profundas en las prácticas de las políticas culturales que vendrán. Hoy, con más de 45 días ininterrumpidos de protestas sociales, surgen voluntades que atisban la caída de este modelo y la refundación de las estructuras que hasta ahora han escamoteado la vinculación de las artes con las comunidades. La cultura ha sido decisiva en las manifestaciones callejeras, con innumerables performances, murales, ilustraciones, diseños, cineclubes barriales, canciones o registros audiovisuales construidos desde adentro de la misma sociedad, los cuales ponen en crisis, por ejemplo, ampulosos proyectos con financiamientos públicos que hoy se desvanecen a partir de esta coyuntura social.

Este proceso de reformas obligará a plantearse preguntas respecto a qué se entiende hoy por “políticas de estado” en el campo de la cultura, ya que estas serán completamente distintas a las proyectadas por los diversos gobiernos que administraron los últimos treinta años. La retórica de las “grandes transformaciones” emanadas en la post dictadura, se han desnudado como un diseño cosmético que ha sostenido la inequidad y fragilidad en la que se encuentra parte importante de los trabajadores del sector cultural chileno. Por otra parte, los ciudadanos siguen viendo limitado su derecho a acceder al arte y al conocimiento, estando condicionados a elecciones de libre mercado, instrumentalizando el arte como un mero servicio. Como nunca, la cultura se convierte en un problema político y público, al haberse cimentado en el paternalismo y la privatización de los saberes. Para enfrentar y subvertir esto, es importante enfrentar este nuevo territorio dado a partir de espacios que establezcan una crítica informada, realista y pluralista, donde la condición actual del arte en Chile desplace aquel “mercado de opiniones” que únicamente ha acarreado pobreza a la esfera pública. La protesta, que legitima la trasposición de numerosas fronteras establecidas por una institucionalidad subsidiaria, permitirá a partir de la desnudez de las identidades, la revisión de procesos que inevitablemente desencadenarán la reorganización social y cultural del país.

*Luis Horta Canales es académico del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.

Previamente publicado en “Remolino Popular”, Chile.

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